Un documento contundente aunque tardío emitió la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso Venezuela.
La ex presidenta socialista chilena Michelle Bachelet deja sentadas enormes preocupaciones en un informe que recoge, entre otros puntos, las referencias de su visita a Venezuela entre los días 19 y 21 de junio.
Bachelet no solo habló con el presidente Nicolás Maduro y otros personeros chavistas, sino dialogó con Juan Guaidó, cabeza del Senado y autoproclamado presidente, reconocido por cerca de 60 países.
Pero lo más importante de la visita de Michelle Bachelet es que logró conversar con personas cuyos familiares fueron asesinados, se hallan en prisión o recibieron distinto tipos de torturas que afectaron su salud.
La represión brutal en el país suda-
mericano ha sido sistemáticamente denunciada no solamente por la oposición, la prensa independiente y los periodistas críticos sino por incontables organismos humanitarios.
7 000 personas asesinadas por fuerzas paramilitares, 1 569 de ellos en este año, 764 detenidos y decenas de torturados son el rostro más lúgubre de la dictadura disfrazada. Es un gobierno de facto porque adelantó elecciones, controla desde hace tiempo al Consejo Electoral y bloquea la participación libre de candidatos.
Varios líderes opositores han estado o están todavía en prisión por sus ideas que cuestionan el estado de cosas. Hambre, violencia, falta de trabajo son la expresión desgarradora de un país que ha enviado a un exilio voluntario a cuatro millones de personas. El drama humanitario más grande de nuestro continente.
El Gobierno rechazó el informe y cuestionó su metodología, desató toda su parafernalia verbal para intentar tapar la luz del sol con un dedo. Guaidó saludó el informe.
Ahora debe seguir la denuncia internacional y las acciones concretas y eficaces que deriven en la protección de la vida de la gente y sus libertades fundamentales conculcadas. Aunque Bachelet tardó en ocuparse del problema, lo que haga de hoy en adelante puede ser crucial.