Al menos unos USD 17 000 millones netos han ingresado al Fisco desde que el Gobierno ecuatoriano declaró la caducidad del contrato de la petrolera Oxy en el 2006. Es un cálculo aproximado con datos oficiales hasta el 2012 y una proyecciones hasta finales del 2015, pero sirve para evidenciar que, pese al pago que Ecuador debe realizar a la Oxy (unos USD 1 400 millones), existe un enorme saldo a favor del país.
A primera vista resultó un gran negocio para el país, aunque la sentencia en contra de Ecuador es un mensaje a la comunidad internacional de que aquí no se respetan las leyes o se abusa de ellas, algo que es compartido por buena parte de inversionistas nacionales.
Aunque el caso de Oxy es el más relevante por el monto de recursos, existen otras 16 demandas de arbitraje internacional en contra de Ecuador que suman USD 6 700 millones. Las más importantes se concentran en el sector petrolero y se presentaron a raíz del cambio de contratos en el 2010.
Cuando se modifican las reglas del juego se aleja la inversión y se encarece el financiamiento. De hecho, Ecuador es de los países que menos inversión extranjera ha recibido en la región. También ha tenido que pagar tasas de interés sobre el 10% cuando países con calificación de riesgo similar lograban colocaban bonos entre el 5% y 8%.
La desconfianza de los inversionistas se ha reflejado en crédito caro, justo en el período de mayor endeudamiento público. Lo que ganó Ecuador con el cambio de contratos lo está perdiendo al pagar créditos más caros.
Y ese escenario no ha cambiado, al punto que el Gobierno espera bajar el riesgo-país para colocar bonos durante el 2016 porque el saldo a favor que dejó la caducidad del contrato con la Oxy ya se gastó y no hay plata.
El Gobierno sabe que debe dar señales de confianza y ha enviado algunas: pagará los bonos Global 2015, empezó a negociar el pago con Oxy y hay un acercamiento al FMI.
Pero recuperar la confianza tomará tiempo. El riesgo-país de Ecuador sigue siendo el más alto de la región después de Venezuela.