El Fisco recibió menos ingresos en estos primeros tres meses del año para cubrir los gastos, lo que hace aún más necesario continuar con el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque los recursos por tributos mostraron signos de mejoría en febrero, cuando ya se superó lo recaudado en igual mes del año pasado, no fue suficiente. Hasta ayer la caída era del 30% en los ingresos comparado con lo percibido entre enero y marzo del año pasado.
Los créditos externos no llegaron como en años pasados. Y si bien el precio del crudo mejoró hasta mediados de marzo, esa recuperación no se reflejó en la caja fiscal. El petróleo es clave para la economía ecuatoriana. De ellos depende no solo el Fisco.
Estos ingresos permiten inyectar divisas al país, cubrir los gastos de la operación petrolera en sí misma, pagar a la tarifa de las empresas petroleras privadas e, incluso, financian la importación de combustibles que compra el consumidor en una estación de servicio.
Pero la producción de crudo está en declinación, una situación que no permitió aprovechar el buen momento de precios en el mercado internacional.
Con un presupuesto más bajo y con el Ministerio de Finanzas enfocado en otras prioridades de gasto, es de prever que este escenario de caída en la actividad petrolera siga hasta fin de año.
La estatal Petroecuador también cuenta con menor liquidez. A finales del año pasado Finanzas tomó USD 250 millones de sus cuentas para reorientarlos a gasto público y aún no se han devuelto.
En términos de financiamiento, el país solo recibió una quinta parte de lo que había ingresado a las arcas fiscales para estas mismas fechas.
La debilidad de las finanzas públicas tiene un efecto en el ciudadano. Hubo retrasos en la asignación de los recursos destinados para los gobiernos seccionales, que necesitan dinero para atender la crisis sanitaria, aunque el Gobierno se comprometió a dejar esta cuenta al día hasta mayo, cuando termina su administración.
Finanzas espera ahora el desembolso de USD 400 millones del Fondo Monetario previsto para abril próximo.
Pero la llegada de estos recursos depende de la aprobación de la Ley para la defensa de la dolarización, cuyo texto fue enviado por tercera vez la semana anterior. La reforma económica es clave para blindar las reservas depositadas en el Banco Central y que son de los ciudadanos para evitar que sean usadas por futuros gobiernos en gasto público.
Pero la iniciativa no ha podido ser discutida por los legisladores, pues fue devuelta en dos ocasiones anteriores por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aduciendo, primero por temas de forma y luego contradicciones constitucionales. Hoy este organismo prevé reunirse para tratar la tercera versión.
Las razones para que la Asamblea discuta el texto son económicas, pero también estructurales. El BCE tiene un hueco de entre USD 6 000 millones y 7000 millones por recursos que fueron entregados en el Gobierno anterior a Finanzas y que aún no han sido honrados.