Miembros del colectivo Yasunidos dieron una rueda de prensa el 28 de octubre del 2014. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO
El colectivo Yasunidos espera una respuesta positiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, 28 de octubre, en las instalaciones de Acción Ecológica, que se ha convertido en su sede, Antonela Calle dio a conocer los argumentos que Patricia Carrión y Pablo Piedra, miembros del colectivo y abogados, presentaron ayer en Washington.
El principal es la violación de los derechos políticos de los
757 623 ecuatorianos que firmaron para salvar el Yasuní.
Además anunció que llevan adelante otras actividades, por ejemplo analizan la labor de Petroamazonas en otros proyectos para comprobar la tecnología que utilizan. Y que están preparando una gran caravana por el cambio climático que recorrerá todo el país. Aún no tienen una fecha exacta, pero la iniciativa llegará hasta el Perú. Su trabajo para proteger el Yasuní no se detendrá advirtió.
La agrupación llevó a cabo la recolección de firmas para convocar a una consulta popular para mantenerse el petróleo del ITT bajo tierra. Sin embargo, alrededor de la mitad de rúbricas fueron descartadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Yasunidos argumenta que no hubo seguridad jurídica, que el proceso tuvo irregularidades y acusan a la autoridad electoral de fraude. Calle recordó que hasta ahora no se han publicado las firmas declaradas como falsas.
Julio Cesar Trujillo, abogado de la agrupación, lamentó que no existan las garantías necesarias para la democracia directa en el Ecuador. Y dijo que desde un inicio ellos sabían que la consulta no sucedería porque las instancias estatales responden a una sola voluntad, la del presidente Rafael Correa.
Ramiro Ávila, otro de sus abogados, indicó que esperan que la Comisión emita un informe favorable para ellos y obligue al Estado a reparar a los firmantes de la consulta y garantizar la democracia directa. Trujillo dijo que la ausencia del Estado en la audiencia de la CIDH, ayer, es una muestra de su falta de respeto por los derechos humanos.