Entrevista al prefecto de Azuay, Yaku Perez. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, habla sobre la coyuntura económica del Ecuador y se refiera a las propuestas que ha planteado el movimiento indígena al Gobierno.
El país atraviesa por una época complicada, ¿cómo los indígenas contribuirán para hallar una salida económica?
Históricamente, los pueblos indígenas y campesinos han contribuido y lo seguirán haciendo. Aportamos con el 70% de los alimentos que consumen los ecuatorianos. También, aportamos con la fuerza laboral.
¿Pero cómo piensan contribuir en esta coyuntura económica?
Los que deben contribuir para solucionar la crisis son los que han ganado más. Han ganado cifras astronómicas en los 10 años del Correísmo y ahora lo siguen haciendo y son los 270 grandes grupos económicos. Deben hacer una conscripción cívica. Además, es necesario que el Gobierno -de una vez por todas- cumpla con su oferta de la cirugía mayor contra la corrupción. Allí, está la plata, si recupera la mitad de los USD 70 000 millones creo que está solucionado el déficit fiscal.
La recuperación de esos dineros no es una salida a corto plazo…
El aporte de los grandes grupos económicos sí es una salida en el corto plazo. Lo que se requiere es reducir el Riesgo País. El rato que veamos que de parte del sector empresarial hay un esfuerzo por contribuir al país, creo que bajará el Riesgo País.
¿Cuál sería la propuesta por parte de los indígenas para ese aporte de los grupos económicos?
Ellos podrían contribuir con un impuesto al patrimonio, que es lo que existe en la mayoría de los países del mundo. La banca podría bajar las tasas de interés a niveles similares a los existen en otros países dolarizados. Mientras, exista un Ministro de Finanzas que responda a los intereses de los grupos económicos, solo están pensando en proteger su bolsillo, pero no abren sus manos para contribuir al país.
En las medidas del presidente Moreno, anunciadas en octubre del 2019, se planteó una contribución especial de los empresarios en función de sus ingresos.
No me acuerdo. Yo insistiría en que se mantenga el Impuesto a la Salida de Divisas y se debería investigar si el dinero está saliendo a los paraísos fiscales. Se deberían recuperar esos recursos porque es un crimen. Mientras en el país hacen falta recursos que pone en riesgo la dolarización, mucha plata está en paraísos fiscales.
La propuesta de la Conaie no ha sido incluida en el nuevo proyecto de Ley tributaria, según el Ministro de Económica. ¿Ustedes cómo toman esa decisión?
Es un menosprecio, una forma de no valorar un esfuerzo de un sector importante del país. Hay propuestas importantes como el aporte de las telefónicas y hay que ver en qué estado se encuentra la deuda externa. No sabemos en realidad cuánto mismo es. Estamos acostumbrados desde la época de Correa a manipular las cifras y ya no creemos.
¿Qué están dispuestos a ceder en favor de la estabilidad nacional?
Siempre estamos dispuestas a aportar por la estabilidad, pero hay que recordarles que si queremos paz debe existir justica social y redistributiva. No podemos seguir siendo un país con gigantescas asimetrías sociales.
La dirigencia indígena amenaza ante cada decisión del Gobierno, ¿eso no afecta aún más la estabilidad?
Las amenazas no son válidas, pero depende mucho de la apertura que tenga el Gobierno nacional. En un diálogo debe existir posiciones de ceder y ceder para ganar y ganar. Si se quiere imponer no tiene sentido el diálogo. Cuando el Gobierno demuestre que la plata que quiere recaudar irá a obra pública, cuando demuestre que en serio combate la corrupción y recupera dinero, creo que todos los sectores y no solo hablo del indígena, apoyarían.
¿Cómo contribuirá a la gobernabilidad en el tiempo que le quedan a este Gobierno?
Se requiere un diálogo nacional, pero en serio, y estaríamos dispuestos a participar en la medida que algunos puntos -no todos- sean acogidos. Caso contrario es una pérdida de tiempo.
¿Está de acuerdo si se presentase el escenario de la muerte cruzada y el adelanto de las elecciones?
No es la mejor opción. Eso solo están pensado los grupos que están ambicionado el poder. Me parece que el Gobierno debería terminar y de hecho comenzó bien cuando convocó a la consulta popular, intentó “descorreisar” la institucionalidad del país devolviendo algunos derechos, garantías y libertades. Pero no continuó con los cambios radicales que había que hacer, allí se quedó. Aún tiene tiempo para recuperarse.
Si la salida no son los impuestos o retirar los subsidios y el país no puede seguirse endeudando, ¿cuál es la opción para cubrir el Presupuesto del Estado del 2020?
Toca dar un giro de timón. No es suficiente con parches como, eliminar los subsidios, poner un impuesto, son pequeños parches que intentar apagar el incendio. Es necesario un nuevo modelo económico, que no necesariamente debe ser implantado a raja tabla desde la visión de los económicas ortodoxos o heterodoxos, sino podría ser ecléctico hasta la transición. Y cuando venga un nuevo Gobierno pueda asentarse y tomar un horizonte distinto.
¿Cómo mantener los subsidios?
Los subsidios deberían focalizarse. Debería eliminarse para aquellos propietarios que tienen vehículos costosos. Para el resto debería mantenerse. Hay que fijarse metas a cinco o 10 años para no depender exclusivamente de los combustibles fósiles sino usar energías limpias alternativas.
¿Los dirigentes indígenas ya están mirando las elecciones del 2021?
No hemos conocido. Todos se activarán a mediados o en el segundo trimestre del próximo año. No ha habido ninguna reunión en serio para una participación. Obviamente, entiendo, que participará el movimiento social e indígena como siempre lo ha hecho, pero quizás ahora como un poco más de legitimidad. Todo a su tiempo.
Frases
“Para ser un Gobierno de transición debería ser más flexibles con demandas de los obreros, indígenas y no tratar de implantar a raja tabla la receta del Fondo Monetario”.
“El pueblo no vive solo de cifras macroeconómicas, sino del pan de cada día”.
Hoja de vida
Yaku Pérez Guartambel
Azuayo de 50 años. Tiene dos hijas. Es activista antiminero.
Abogado graduado en la Universidad de Cuenca. Tiene postgrados en Gestión de Cuencas Hidrográficas y Población, Derecho Penal y Justicia Indígena y Derecho Ambiental.
Es Prefecto del Azuay y Presidente de la Ecuarunari. Antes fue Concejal de Cuenca y Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay.