Viviana Bonilla en la Asamblea Nacional. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La actual asambleísta Viviana Bonilla dijo que ser procesada en el caso Sobornos ha sido “una tragedia personal sin precedentes”.
La tarde de este jueves 27 de febrero del 2020, la funcionaria rindió su testimonio dentro del juicio por supuesto cohecho, en el que están procesados 21 personas, entre estas, Rafael Correa y Jorge Glas.
En la declaración, Bonilla se refirió a dos pruebas que tiene la Fiscalía en su contra. La primera es la contabilidad que hizo Laura Terán, en los denominados archivos verdes, en donde se mencionan montos de dinero entregados supuestamente para financiar su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, entre noviembre del 2013 y febrero del 2014.
“Si los fondos de la campaña para el movimiento que representaba en ese entonces venían del Vaticano o las madres católicas… eso no estaba en mi poder ni era mi obligación saberlo”, dijo la Legisladora.
Según ella, en su campaña había una persona encargada de las finanzas. “Yo hacía actividades políticas desde las 07:00 hasta las 23:00. Iba a todo lado… No me preguntaba quién está pagando la tarima, quién estaba pagando el almuerzo popular“.
La segunda prueba sobre la que se refirió fue la versión de Gustavo Bucaram, testigo de la Fiscalía. Él aseguró que Bonilla le envío a Quito para recoger de la oficina de Pamela Martínez USD 100 000 en efectivo para su campaña política.
“El señor Bucaram primero dice que viajó solo. Pero él, en realidad, viajó (a Quito) por una invitación oficial de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Asiste Bucaram (a la cita), junto con otras dos personas. Resulta que viajaron los tres funcionarios de la Gobernación del Guayas, en la misma fila del avión. Pero él no los vio”.
Dijo que ella nunca ha solicitado a Bucaram que recoja dinero para su campaña y agregó que este testigo aparece en los archivos de Terán hasta el 2016, cuando se menciona un rubro para la campaña Rafael Contigo Siempre.
“Aquí, en el proceso, no existe ningún contratista o proveedor que pueda decir que yo he solicitado algo. La Fiscalía hablaba de la rotación de cargos públicos. Yo fui parte de la Gobernación del Guayas y la Secretaría de la Política, no son instituciones que suscriban obras públicas. No existe ningún contrato firmado por mí”.
Antes de Bonilla también rindió su testimonio el empresario Edgar Salas, de Consermin. Él dijo que no pagó sobornos a Alianza País, en el gobierno Rafael Correa. Afirmó que su empresa obtuvo contratos a través de licitaciones y que en varias de estas obras se cobraron rubros inferiores a los pactados en los contratos. “Hubo ahorro para el Estado”.