El consumo de drogas en espacios públicos está restringido en 15 municipios. A través de ordenanzas, esos gobiernos autónomos han intentado evitar que jóvenes se agrupen en parques, plazas, mercados, puentes y calles para fumar marihuana, inhalar cocaína o usar la denominada H.
Ese fue el caso de Durán, una localidad de Guayas, que en mayo del 2016 implementó la restricción.
De hecho, fue el primero de los 15 municipios que emitió una normativa. Según autoridades de esa localidad, lo hicieron porque a diario chicos, de entre 15 y 25 años, permanecían en parques hasta las 02:00.
Pero, ¿qué ha pasado 13 meses después? Las autoridades dicen que han avanzado en tres puntos. El primero tiene que ver con los operativos que hacen agentes municipales y Policía.
Juntos realizan requisas a quienes consumen y luego preguntan dónde consiguieron la droga. Ese es el segundo avance, pues la autoridad dice que al identificar al consumidor se logran conocer los puntos de venta. Así descubrieron que Cerro Las Cabras era un barrio en donde operaban redes de microtráfico.
Y el tercero es la prevención, pues en esos lugares se realizan campañas educativas con las familias.
Algo similar sucede en la pequeña localidad de Catamayo, en Loja. La alcaldesa, Janet del Cisne, también optó por emitir este tipo de medida, luego de que detectaron que los canales, miradores, lotes baldíos y los alrededores de colegios son usados para consumir alcaloides. La restricción también abarca a eventos de carácter público.
La Secretaría Técnica de Droga (Seted) fue el ente que propuso las restricciones. Su titular, Ledy Zúñiga, dice que la idea es que más municipios se sumen. Por eso, en marzo pasado Palanda, en Zamora, aprobó la Ordenanza 036. Personal de la Seted ya llegó a ese sitio para hablar de la prevención.
En septiembre de 2016, los policías detuvieron a una persona que aparentemente vendía droga en el barrio San Vicente de Punchi. Medios locales dijeron en ese entonces que ese tipo de hechos atemorizan a los vecinos del sector.
En junio también se sumó Manta, en Manabí. En la ordenanza se estableció que la prohibición de consumo se extienda para el interior de los vehículos que están en espacios públicos. Además, especifica que la restricción es para consumo “experimental u ocasional”.
Uno de los puntos que aún analiza la Seted son las sanciones administrativas que establecieron cada municipio. Esto debido a que cada uno maneja amonestaciones distintas.
Por ejemplo, unos tienen multas económicas equivalentes al 30% del salario básico, otros trabajo comunitario u obligan a los infractores a que asistan a 15 horas de programas preventivos.
Pero existen cantones en donde pese a que existe la normativa, no hay ningún tipo de sanciones. Ese es el caso de Guayaquil. De allí, que la Seted analiza cómo se implementó la ordenanza en esa ciudad.
Lo que sí aclara es que actualmente en el país el consumo de sustancias no está penalizado con cárcel.
Pero existen propuestas para que esto cambie. De hecho, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional reposa un proyecto, del expresidente Rafael Correa, para reformar el Código Penal (COIP).
La idea es sancionar con cárcel de uno a tres años a quienes consuman o porten drogas en zonas cercanas a centros educativos, oficinas, parques, iglesias, etc. Esta posibilidad ha sido rechazada por expertos en el tema.
Por ejemplo, Jorge Paladines, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, manifestó a este Diario que la cárcel no es una forma para combatir a las drogas.
Lo mismo opina el expresidenciable Paco Moncayo, quien participa del Acuerdo Nacional para prevenir el consumo de drogas, impulsado por el presidente Lenín Moreno. Cynthia Viteri, en cambio, propuso endurecer las penas para microtraficantes.
En contexto
Actualmente, la Secretaría Técnica de Drogas analiza la tabla de consumo, implementada en el 2013. Existen propuestas de eliminar esta herramienta, pues se considera que aumentó el consumo de drogas a escala nacional.