El 15 de enero pasado, Álex Bravo compareció en la audiencia en donde se conoció la condena en su contra. Foto: Archivo/ API
La sentencia por el delito de cohecho en el caso Petroecuador se conoció el 15 de febrero pasado, pero la notificación escrita la emitió ayer 4 de abril del 2017 el Tribunal Penal que tenía a cargo este expediente. En este proceso fueron condenadas 16 personas: 10 como autores y seis como cómplices.
En el primer grupo están, por ejemplo, el exgerente de Petroecuador Álex Bravo; y el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli.
De acuerdo con el fallo judicial, quienes son autores de cohecho además deberán pagar al Estado USD 25 millones por concepto de reparación. En cambio, los cómplices deberán cubrir USD 12,5 millones.
Durante el juicio, el fiscal Juan Carlos Zúñiga señaló que Pareja, Bravo, Paquita de Mora y Arturo Escobar trabajaron en la Gerencia de Refinación de Petroecuador entre 2012 y 2016 y que en ese tiempo suscribieron 35 contratos (17 principales y 18 complementarios) por USD 258,6 millones.
De ese total, al parecer, los sospechosos se beneficiaron de un porcentaje.
El investigador también detalló que Bravo, Pareja y Escobar crearon tres empresas offshore en Panamá para recibir transferencias de dinero ilegal de los contratistas.
Durante las investigaciones, este caso generó controversia que incluso terminó con la salida del fiscal Jacinto Tibanlombo, quien el 13 de enero tenía previsto emitir un dictamen no acusatorio para los familiares de Bravo y de Pareja Yannuzzelli; y para dos exfuncionarios de Petroecuador.
En ese entonces, el Consejo de la Judicatura (CJ) lo suspendió por 90 días, pues el fiscal fue señalado por supuestas “actuaciones irregulares” y por “graves ineficiencias”.
Luego de toda la investigación, el Tribunal Penal también declaró inocentes a dos personas: Javier Baquerizo y Fabricio Yannuzzelli.
El caso Petroecuador estalló luego de que en abril del 2016 se conocieran los denominados Papales de Panamá. Allí aparecieron nombres de ecuatorianos que tenían empresas ‘offshore’ en Panamá.
Por ahora, la Fiscalía General sostiene que hay 24 casos abiertos y que se investiga a más de 100 personas.