Ingreso de varias fincas fue obstruido. Los trabajadores son impedidos de entrar. Foto: cortesía Expoflores.
El sector floricultor está cercado por las manifestaciones de las comunidades indígenas. Desde el pasado jueves 3 de octubre del 2019, las fincas han afrontado actos de vandalismo, saqueos y amenazas. Están en emergencia y exigen resguardo policial y militar para laborar.
La presión de las protestas y la violencia obligaron a la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), a autodeclararse en estado de emergencia. Más de 5 000 hectáreas de plantaciones en el país han sido afectadas.
Alejandro Martínez, presidente del organismo, explicó que la situación se mantenía igual hasta el fin de semana, debido al incremento de agresiones a las fincas y los ataques violentos a sus trabajadores, en especial hacia mujeres. El 50% del personal de las florícolas corresponde a féminas, entre ellas, madres solteras.
“Con este nivel de pérdidas y ante la imposibilidad de reemprender las jornadas laborales normales así como la movilización de insumos y flores, el sector está en emergencia”, enfatizó el directivo del gremio.
Hasta ayer (13 de octubre del 2019), el sector registró una pérdida de USD 40 millones y afectaba a más de 300 000 familias que trabajan en la floricultura.
Si no se retoman las actividades, Martínez cree que se perderán unas 20 000 toneladas de flores que llegan a ser más de USD 250 millones. Esto significa que estarían en riesgo los envíos para todo el último trimestre del año.
José Antonio Bueno, presidente del Directorio de Expoflores, explicó que entre las zonas afectadas están: Pastocalle, José Guango, Tanicuchí, Lasso, Salcedo, Ilaló, Toacaso, Guachalá, Cotacachi, Cayambe, Saquisilí, Panzaleo, Pujulí, San Pablo, ente otras.
Las vías han sido bloqueadas con tractores y se realizan plantones fuera de las fincas.
Los floricultores denuncian que han sido bloqueados y han recibido amenazas de la gente del paro de que si trabajan van a entrar, saquear y hacer actos fuera de lo normal. Sin embargo, luchan por mantener a flote sus actividades.
Juan Torres, representante de Agrinag, cuenta que gente encapuchada ha entrado a la fuerza en camiones sin placas, han roto vidrios, parabrisas, han dañado llantas y lo más grave es que amenazan, vejan y se han llevado a personas. “Eso nos tiene sumamente preocupados, entristecidos, estamos desconsolados”.
En un video difundido por Expoflores se ve a un joven cubierto la cara en el cual advierte que el personal no puede estar trabajando en las plantaciones. “Estamos haciendo una advertencia, en caso de que no escuchen esa advertencia van a llegar las consecuencias, destruir los materiales, los bienes públicos que ellos tienen”.
También han recibido cartas de dirigentes y agrupaciones, por ejemplo, la Unión de Organizaciones Indígenas de Saquisilí Jatarishun, en un comunicado del pasado 7 de octubre, exige, entre seis puntos, que empresas privadas e instituciones públicas no laboren.
En los textos piden a florícolas, brocoleras, Familia Sancela, Novacero, empresas lácteas de Cotopaxi y, específicamente, de Saquisilí, que contribuyan a favor de la protesta de los ciudadanos.
Alejandro Cabascango, presidente de la Unión de Comunidades Campesinas Indignas y Barrios de Tabacundo UCCIBT, en cambio, solicitó colaboración económica y de logística en una carta.
La zona norte del país es un importante generador de productos de exportación.
La zona entre Cayambe y Tabacundo produce el 63% de flores que se envía al exterior.
Otro 7% se genera en Carchi e Imbabura. Pero estos días no han podido trabajar al 100%, porque los indígenas impiden la operación de las fincas. Otro problema es que las fincas que han logrado mantener operaciones no pueden sacar su producción para la exportación.
La Corporación de Floricultores del Sur, que incluyen empresas asentadas en los cantones de Mejía, Latacunga, Pujilí, Saquisilí y Salcedo, también denunció los actos vandálicos. Su presidenta, Inés Ortiz, está de acuerdo en que la gente haga sus reclamaciones, pero aclara que es muy distinto la agresión y el saqueo.
Al igual que Martínez y Bueno, los productores del sur piden que se creen las condiciones para laborar; exige al Gobierno resguardo policial y militar en las zonas afectadas y que se controle el vandalismo. Insistieron en su pedido de que se generen puentes aéreos para evacuar la mercadería.
Ortiz cree necesario pensar en mecanismos de apoyo al sector floricultor para compensar las pérdidas, porque tienen deudas que pagar, obligaciones con el SRI, la banca.
Para Iván Salazar, productor de rosas de Cotopaxi, el paro ha sido progresivo, los tienen sitiados y en total indefensión, por lo que exige que el Gobierno envíe protección. “Todos los días tenemos que producir, los clientes ya no saben qué hacer y están cambiando mercados, es un riesgo no cumplir con las obligaciones”.
Recobrar los cultivos tomará entre 4 y 6 meses. “En lo comercial, recuperar clientes es algo que aún no se mide, pero de seguro será complejo para las fincas”, dijo Martínez.