Augusta Valdiviezo trabaja en la defensa de los derechos de los privados de la libertad de las cárceles del país. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO.
Testimonio de Augusta Valdiviezo activista por los Derechos Humanos cuencana
“En el 2014 me gradué como abogada, con mención en Derecho Internacional. Hace más de dos años, por seis meses, laboré en el Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca, en el departamento jurídico y conocí de cerca la realidad de los privados de la libertad.
“En esa época el problema más grave era la demora en los trámites legales, reclamos por una mejor alimentación y ampliación de los horarios de visitas. En Derechos Humanos no había tanta vulneración como ahora y allí empezó mi activismo.
“Mi forma de trabajo fue mal vista por la Directora de la Cárcel y de algunos pabellones, de ese entonces. Cuando dejé de laborar en el centro penitenciario me contrató la familia de un interno que había sido aislado, tras ser involucrado en un motín.
“Estuvo 18 días, las 24 horas, encerrado en su celda de tres metros por dos, de máxima seguridad. No tenía derecho a patio ni a ver a sus compañeros, solo a las tres comidas diarias y al baño. Un día antes de la audiencia para el traslado de ese pabellón, fue encontrado ahorcado.
“El encierro es una forma de tortura y genera trastornos de depresión, estrés, agresividad y violencia. La actual crisis carcelaria ocurre porque en los últimos cuatros años, el Estado no trabajó en los ejes de rehabilitación: educativo, social, cultural, laboral ni de salud mental.
“Todo esto ha sido parte de mis reclamos y por eso me han denunciado que organizo motines, que intimido a funcionarios y que falsifico firmas de los presos. No es cierto, yo lucho para que se respete los derechos de esta población y que tenga una verdadera inserción en la sociedad.
“La falta de rehabilitación y la corrupción desencadenaron la masacre del 23 de febrero y ha sido lo peor que he visto en mi carrera profesional. Para mí no fue una simple venganza de bandas delictivas, sino una masacre, una barbarie humana.
“Dónde estaban las autoridades carcelarias que no pudieron evitar los crímenes, qué pasó con los filtros de monitoreo de seguridad y porqué los internos disponen de celulares, armas de fuego y electrodomésticos de gran tamaño.
“Los elementos prohibidos no los ingresan las familias en las partes íntimas, cuando realizan sus visitas. Eso muestra que los presos tienen el control en las cárceles. En dos años he defendido a unos 100 internos de diferentes centros, en algunos casos sin cobrarles nada.
“Pero de cada 10 que obtuvieron la libertad siete regresaron a la cárcel por reincidir en algún delito, porque no tuvieron rehabilitación. Es cierto que hay personas que no se rehabilitan, pero con las terapias y procesos es posible mantenerlos estables mientras cumpla su sentencia.
“Es obligación del Estado cumplir con la rehabilitación para que los internos estén ocupados y aprovechen el tiempo. Hace dos años, presenté al SNAI el proyecto Casa del Colibrí para rehabilitar a los internos del país adictos al alcohol y drogas, pero por represalias me dejaron fuera de esa iniciativa”.