Entrevista a Suzanne Lawre, asesora del Departamento de Estado de Estados Unidos. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Entrevista a Suzanne Lawre, asesora del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Su visita al Ecuador tuvo como objetivo agilizar la resolución de casos de secuestros parentales (cuando uno de los padres se lleva a sus hijos sin autorización). ¿Cómo le fue?
Estados Unidos y Ecuador son signatarios de la Convención de La Haya sobre sustracción de menores por parte de sus padres. Mi visita, en realidad, fue para hablar de todo en general, tomando en cuenta la relación que se tiene entre países de la convención. Hemos sido socios desde 1992 y hay mucha experiencia de las dos naciones.
¿Cómo ve al Ecuador respecto a los tiempos de resolución de estos casos?
En la Convención de La Haya, el tiempo ideal de resolución es de seis semanas. Este es un objetivo maravilloso. Sin embargo, a nivel de los países es difícil de cumplir. Sobre Ecuador, a veces en los reportes anuales hemos visto que hay dilaciones judiciales en cuanto al tiempo para resolver los casos.
¿Eso ocurre solo en Ecuador o Estados Unidos también dilata los procesos de devolución de niños ecuatorianos que están en su territorio?
Tenemos las mismas obligaciones, porque somos parte de la misma Convención, pero a veces tenemos dilaciones judiciales por diferentes razones. Pero mantenemos comunicación constante entre autoridades centrales (de gobierno a gobierno) para saber el progreso de cada caso.
¿Se han identificado falencias en el proceso de recuperación de menores?
Lo que se recomienda es leer los reportes anuales que tenemos sobre Ecuador. Están disponibles en las páginas web relacionada con estas temáticas. Sobre la comunicación entre los gobiernos de Ecuador y EE.UU. podemos ver que ahora hay una gran mejora y un compromiso para mantener la coordinación.
¿En el ámbito judicial también hay ese compromiso de resolver los casos?
Tal vez es difícil para los jueces entender que la Convención de La Haya no decide sobre aspectos de custodia del niño, sino sobre el lugar y las premisas para que se lleven a cabo las audiencias planteadas por uno de los padres.
¿Falta capacitación de los jueces en este tema?
Una de las cosas que hemos discutido en esta visita es sobre la información que deben tener los actores judiciales, que son parte independiente del Gobierno. Pero la idea es buscar formas de encontrar una educación para que el Ecuador pueda cumplir con las obligaciones que plantea la Convención.
Entonces, ¿qué necesitan los jueces?
La oficina permanente de La Haya tiene una guía de buenas prácticas sobre este tema. Una cosa que se habló (en la Corte Nacional) es la posibilidad de las escuelas de leyes para capacitar a los abogados y jueces en el derecho internacional privado. Además, nosotros, como Gobierno de EE.UU., organizamos programas en los cuales se lleva a los EE.UU. a expertos en el área para que se involucren en los programas de estudio.
En las reuniones que tuvo con la Policía, ¿cómo encontró los procesos de búsqueda de menores?
Hemos tenidos una reunión muy interesante con la Dinapen. La Policía tiene un rol importante en la búsqueda y localización de los niños. Ellos quieren dar ayuda para cumplir con lo que manda la Convención.
¿Hay compromisos asumidos en esta visita?
Estamos entusiasmados en cuanto a la comunicación entre las autoridades centrales y por las futuras discusiones regulares que se lleven a cabo para trabajar juntos en cuanto a capacitaciones judiciales. Podemos ver que hay esfuerzos para que el proceso de devolución de los niños secuestrados sea más eficiente. Para eso, se trabaja en un protocolo.