Doris Soliz dijo que está dispuesta a entregar información sobre el caso Coopera

La investigación se refiere a una compra efectuada después del cierre de Coopera, que en el 2013 afectó a 113 000 familias de cuenta-ahorristas de Azuay y de Guayas, luego de que se hallaran movimientos económicos inusuales en la entidad financiera.

La investigación se refiere a una compra efectuada después del cierre de Coopera, que en el 2013 afectó a 113 000 familias de cuenta-ahorristas de Azuay y de Guayas, luego de que se hallaran movimientos económicos inusuales en la entidad financiera.

La investigación se refiere a una compra efectuada después del cierre de Coopera, que en el 2013 afectó a 113 000 familias de cuenta-ahorristas de Azuay y de Guayas, luego de que se hallaran movimientos económicos inusuales en la entidad financiera. Foto: Archivo EL COMERCIO

La exministra Doris Soliz se pronunció este 5 de noviembre de 2019 sobre el pedido que hizo la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia a la Fiscalía para que inicie una investigación en su contra, dentro del caso de la cooperativa Coopera.

Este caso data del 2013, cuando una auditoría evidenciara movimientos económicos inusuales en esa entidad financiera y el 11 de junio de ese año su gerente fuera detenido por un delito de lavado.

La actual asambleísta Soliz se refirió a esta denuncia a través de un comunicado. Allí dijo que “está dispuesta a mantener las reuniones que sean necesarias con todas las autoridades correspondientes para aclarar el proceso durante su administración como Ministra de Inclusión Económica y Social”.

Entre la información que la Secretaría Anticorrupción presentó a la Fiscalía está el oficio en el que el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) solicitó a la exministra autorización para proceder a participar en la compra de la cooperativa Coopera.

“La investigación penal debe esclarecer por qué la máxima autoridad del Ministerio aprobó al IEPS realizar esa transacción por aproximadamente USD 10,2 millones. Aparentemente, no existe base legal que sustente la acción”, indicó Dora Ordóñez, titular de Anticorrupción.

La investigación se refiere a una compra efectuada después del cierre de Coopera, que en el 2013 afectó a 113 000 familias de cuenta-ahorristas de Azuay y de Guayas, luego de que se hallaran movimientos económicos inusuales en la entidad financiera.

En su comunicado, Soliz detalló que cuando quebró la cooperativa ya no tenía competencia sobre el control de ese tipo de entidades.

Además, aseguró que “el liquidador de Coopera, en enero del 2014, llamó a un concurso público para la venta los activos productivos de la cooperativa”.

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