El proceso de contratación culminó el pasado 12 de noviembre del 2020, cuando la estatal petrolera adjudicó el contrato por USD 54,8 millones a Hispana de Seguros. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Servicio de Contratación Pública (Sercop) informó que este miércoles 25 de noviembre del 2020, el juez Hans Kelsen Jiménez del Cantón Pedro Carbo (Guayas), mediante resolución oral, revocó las medidas cautelares que impidieron que Sercop supervise la contratación de una póliza de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima por parte de Petroecuador.
El pasado 12 de noviembre del 2020, la estatal petrolera adjudicó el contrato a Hispana de Seguros, por USD 54,8 millones, pese a que fue la oferta más alta entre los tres participantes (Sucre y Latina).
Silvana Vallejo, directora de Sercop, explicó que la institución solo pudo supervisar el proceso de contratación hasta la etapa de presentación de ofertas, puesto que en ese momento dos personas presentaron pedidos de medidas cautelares. Uno de esos pedidos fue acogido por el juez Hans Kelsen Jiménez.
Según Vallejo, el Sercop pidió la revocatoria de la medida con dos argumentos: que el juez no era competente, porque la entidad involucrada tiene sede en Quito y que no estaba justificada una solicitud de medida cautelar, porque no se estaba violando un derecho constitucional.
Hasta la etapa de presentación de ofertas, en la que Sercop pudo supervisar el proceso de licitación, se realizaron tres observaciones al proceso: que la entidad contratante no desglosó ítem por ítem lo que se tenía que hacer en el contrato, no presentó justificativos para realizar el presupuesto referencial y no detalló las multas en caso de incumplimientos.
Petroecuador entregó el 4 y 6 de noviembre del 2020 argumentos y documentación como descargos a estas observaciones.
Con el levantamiento de la medida cautelar, Sercop informó esta tarde que comenzará a verificar los argumentos y la documentación que envió Petroecuador.
La institución además informó a la petrolera que mientras no se emita un pronunciamiento final sobre la supervisión, no podrá generar ningún acto administrativo dentro del procedimiento de contratación.
Según Vallejo, el Sercop pidió la revocatoria de la medida con dos argumentos: que el juez no era competente, porque el sitio en el que se originó el acto es Quito y que no estaba justificada una solicitud de medida cautelar, porque no se estaba violando un derecho constitucional.
“Vamos a revisar los temas aritméticos en el proceso de calificación, la metodología debe ser clara”, indicó Vallejo en referencia a las quejas que surgieron en torno a la adjudicación del contrato.
En el proceso de contratación de seguros de Petroecuador que terminó adjudicado a Hispana, dos empresas aseguradoras presentaron acciones de protección: Sucre y Latina.
Las dos aseguradoras cuestionaron el proceso efectuado por la estatal.De acuerdo con el informe de la Comisión Técnica conformada por Petroecuador para el concurso, Hispana recibió la más alta calificación con 97,06 puntos.
60 puntos fueron por la oferta económica, el mayor puntaje y máximo otorgado en esa categoría, pese a que el valor ofertado está sobre el de las otras dos oferentes.
Petroecuador “corrigió” y “recalculó” las ofertas recibidas y determinó que solo Hispana presentó una oferta real.
El resto de competidores, según la empresa petrolera, evidenciaron valores que, en realidad, son más altos a los ofertados.
Sucre presentó una oferta de USD 53,4 millones, pero Petroecuador dice que en realidad es de USD 61,7 millones. Y Latina presentó una propuesta de USD 51,4 millones, pero el valor corregido de Petroecuador es de USD 59,6 millones. El recálculo dejó en mejor posición a Hispana, con una oferta de USD 54,8 millones. Sucre y Latina aseguran que Petroecuador no puede modificar las ofertas que hicieron.
Sucre y Latina comparecieron a la Comisión de Soberanía
Cristian Carpio, gerente de Seguro Sucre, expuso hoy, 25 de noviembre, en la Comisión de Soberanía que la firma presentó la mejor oferta posible y ratificó que es por USD 53,4 millones, que es el valor que hubiese facturado en caso de haber resultado ganadora y no los USD 61 millones que recalculó Petroecuador.
El directivo dijo que la firma no reclama haber sido la ganadora del concurso, sino que pide transparencia en el proceso. Carpio señaló que fue una sorpresa saber que la capacidad de control del Sercop fue maniatada.
Ese hecho impidió que la firma pueda hacer uso de su derecho al reclamo.
Carlos Carvajal, gerente técnico de Latina, explicó que la oferta de la aseguradora presentó una propuesta 3,4 millones menor que el presupuesto referencial de Petroecuador y la más baja del concurso. Sin embargo, Petroecuador recalculó injustificadamente su propuesta en USD 8 millones.
Carvajal dijo que Petroecuador, “erróneamente”, duplicó uno de los precios unitarios de la oferta, lo cual legalmente no se podía hacer. “Petroecuador redefine el precio unitario, pero una resolución del Sercop prohíbe hacerlo”.
La oferta de Latina fue de USD 51,4 millones, la más baja del concurso; nuestra oferta no fue de 61 millones como dice Petroecuador, ratificó Carvajal.
Ricardo Merino, gerente de la estatal petrolera, también compareció hoy a la Comisión. En su intervención, el funcionario aclaró que la información está publicada en el Sercop, lo cual garantiza “transparencia“.
Merino ratificó, por su parte, que el análisis de Petroecuador evidenció inconsistencias en las ofertas de los dos oferentes que no ganaron el concurso.
El legislador Dennis Marín, mocionó que se solicite emitir una recomendación al Consejo de la Judicatura, para que en el marco de sus competencias revise si la medida cautelar emitida en el caso se ha efectuado dentro de la normativa vigente, así también, se informe a la Comisión de Fiscalización de la Legislatura para que, de ser el caso, esta inicie acciones de control político.
También, la moción plantea recomendar a Petroecuador suspender el proceso de licitación hasta que las irregularidades en la contratación del seguro de todo riesgo petrolero sean esclarecidas. En otro punto del planteamiento del legislador Marín, sugiere que los asambleístas que consideren necesario presenten la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que se efectúe la investigación y se sancione si fuera necesario. La moción fue aprobada con ocho votos a favor.