En la fase de entrevista oral, los candidatos a jueces respondieron tres preguntas. Foto: Sara Ortiz/EL COMERCIO
El concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) entró en una nueva fase. Ayer, 6 de septiembre de 2017, se iniciaron las entrevistas públicas, una etapa en donde 268 concursantes explican sobre sus aspiraciones para llegar al máximo tribunal.
Hablan sobre su experiencia profesional y dan criterios acerca de la actual administración de la justicia.
Este concurso, organizado por el Consejo de la Judicatura, se desarrolla en medio de los cuestionamientos por la destitución de 40 exjueces y la filtración de correos que evidenciarían la presión política sobre la justicia.
En un correo filtrado, fechado al 6 de octubre del 2011, se despliega una lista con 98 nombres de aspirantes a jueces que aparentemente no fueron de la confianza del gobierno anterior.
En esa lista aparece el jurista Gonzalo Realpe. En entrevista con este Diario recordó que en el concurso del 2011 superó las fases de méritos y las pruebas teóricas y prácticas. Pero en la entrevista oral recibió un punto sobre 10. Eso lo dejó fuera.
Seis años después, el actual Consejo de la Judicatura promete transparencia. “Hicimos varias cosas en este concurso para evitar que haya discrecionalidades”, explica el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Uno de los cambios que hizo fue eliminar la calificación de la prueba oral. En vez de que se realice en la última parte de todo el proceso, ahora se hace en la primera etapa.
En el 2012, el entonces veedor de la reforma judicial, el exjuez español Baltasar Garzón, ya cuestionó la fase de entrevista, pues el Consejo de la Judicatura de Transición no había determinado cómo calificaría las respuestas de los candidatos cuando opinaban sobre la justicia o explicaban sus aspiraciones.
“Nosotros también pensamos que esa entrevista final no era la más correcta. Hemos diseñado un proceso de selección con todas las garantías de transparencia para que ganen los mejores”, aseguró esta vez Jalkh.
Ernesto Pazmiño, defensor público, cree que lo mejor era haber suspendido la selección hasta que se aclaren los cuestionamientos sobre la independencia judicial. De hecho, en la Asamblea se analiza un posible juicio político en contra de Jalkh.
“Uno de los pilares en esta batalla contra la corrupción, es contar realmente con un sistema de justicia independiente, transparente y de una honestidad a toda prueba”, señala el Defensor Público en una carta enviada al presidente Lenín Moreno. Allí asegura además que antes de haber iniciado este proceso, el Consejo de la Judicatura debía implementar más mecanismos de transparencia.
El reglamento del actual concurso explica que una forma de transparentar este proceso es a través de las audiencias en vivo, públicas y que se transmiten por la página web de la Función Judicial. Otro mecanismo es que los aspirantes conocerán el resultado de sus pruebas teóricas y prácticas inmediatamente luego de rendirlas.
Además, que las preguntas para los exámenes se sortearán en presencia de un notario público y todas las candidaturas serán impugnables.
El nombre del jurista Álvaro Román también aparece en los correos filtrados, como un “caso peligro”, si llegara a la Corte Nacional.
De él se dice que como conjuez de la Tercera Sala Penal de Pichincha sobreseyó a Lucio Gutiérrez; que es hermano de Ramiro Román, abogado de Cléver Jiménez y que tiene una denuncia “en contra del señor Presidente de la República por supuesto delito de lesa humanidad por la insubordinación del 30-S”.
Ayer, Román recordó que un funcionario del Ministerio de Justicia le advirtió que no sería escogido juez nacional, porque “estaba en enemistad” con el Gobierno. Él impugnó sus calificaciones, pues en la entrevista recibió un puntaje bajo.
Ayer, durante sus entrevistas, los aspirantes en la nueva selección hablaron sobre la independencia judicial. “Se necesitan jueces con una verdadera independencia, que se ganen la confianza de la gente con sus fallos, que sean honestos”, dijo Patricio Bueno Martínez.
En este nuevo concurso se encuentran abogados como Javier Bózquez, fiscal en el caso de los estudiantes del Colegio Mejía; Johnny Ayluardo, quien declaró inocente de Mery Zamora; Jaime Canseco, defensor de Gustavo Baroja en el juicio contra la Comisión Nacional Anticorrupción, entre otros.
Para el concursante Fabricio Acurio, la independencia de un juez no solamente se ejerce dentro de las audiencias. Para él, esto “es una forma de vida”. Él viajó desde Santo Domingo, en donde trabaja como juez multicompetente.
A este primer día de audiencias fueron citados a Quito 120 abogados de todo el país. Hoy, 7 de septiembre, sigue el proceso.