Juan José Morillo (centro), vocal de la Judicatura, habló ayer sobre la evaluación. Foto: EL COMERICO
El informe de la Contraloría General del Estado tiene 114 páginas. Allí aparecen presuntas irregularidades en tres procesos en que se seleccionó a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El ente de control indagó cómo los Consejos de la Judicatura de turno ejecutaron los concursos del 2011, 2014 y 2017, para escoger a los magistrados.
Esos resultados obtenidos fueron estudiados e incluidos en un informe que elaboró el Comité Evaluador, como parte del actual proceso de valoración a este alto Tribunal. Esta semana, la Judicatura inició el análisis de esas falencias, luego de que el Comité le entregara ese material en octubre.
Uno de los hallazgos fue que durante estos concursos hubo 16 postulantes a magistrados de la Corte Nacional que “no cumplieron con los requisitos para ocupar el cargo”, pero continuaron en el proceso.
Por ejemplo, no presentaron una certificación de su experiencia laboral y académica; hubo quienes tampoco presentaron la cédula ni papeleta de votación. “La documentación del concurso de méritos y oposición es incompleta”, detalla la Contraloría.
Además, estableció que entre los 16 hubo dos postulantes que incumplieron esos requisitos y pese a eso ganaron la selección en el 2017.
Según Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, la entidad de control no anexó los nombres de los 16 postulantes señalados. Por eso, en junio pasado se pidió conocer esos detalles. La idea es saber si entre los 36 magistrados que se sometieron a la evaluación están quienes no cumplieron con los parámetros para ocupar el cargo, pues los jueces que están actualmente en la Corte ingresaron en esos tres procesos.
Un mes después, la Contraloría les dijo que esos datos podrán entregar solamente por pedido de un juez o fiscal, pues es ‘información sensible’.
Entonces, la Judicatura tramitó ese pedido a través de la vía judicial, pero hasta ahora no tiene una respuesta.
Esa entidad indicó que conocer los nombres es clave para iniciar investigaciones administrativas-disciplinarias.
Otra de las irregularidades detectadas fue que en el proceso del 2011 no se escogió a los magistrados que obtuvieron el puntaje más alto. “Se nombró como conjuez al aspirante que se ubicó en el puesto 26 y no al que ocupó el 15”.
La Contraloría también cuestiona a las anteriores Judicaturas por no entregar información sobre los concursos, pues aparentemente no existían las claves del sistema informático y no accedieron al detalle de las pruebas ni a las calificaciones.
Juan Carlos Mejía, miembro del Comité que evaluó a la actual Corte, confirmó este dato.
Dijo a este Diario que esa información está digitalizada y encriptada, y que en el informe que elaboraron no pudieron incluir las calificaciones obtenidas cuando los magistrados ingresaron a la Corte. “La persona que tenía esa clave ya no trabaja allí y no han podido localizarla hasta el momento”.
Murillo indicó ayer que han dispuesto al área de tecnología de la Judicatura que “realice los esfuerzos necesarios para recuperar la información”. Además, deberán “presentar un informe determinando a los responsables de los accesos a esas bases de datos”.
En el proceso del 2014, los miembros de la Judicatura de ese entonces no publicaron los resultados de todas las fases del concurso.
“La falta de publicación en la página web institucional sobre todas las etapas no permitió transparentar ese procedimiento”, dice la Contraloría.
Morillo también detalló ayer que en las dos últimas selecciones, el 32% de los aspirantes y posteriores ganadores mantuvo previamente una vinculación con la Judicatura en puestos relacionados con las áreas que se encargaban de los procesos de selección.
Para analizar la legitimidad de los jueces también se estudió un informe del