La familia Vera vive en una mediagua en San Francisco de Calderón. Tienen 10 hijos. Foto: Evelyn Jácome / EL COMERCIO
Con el pequeño pie descalzo roza el piso de tierra como un toro a punto de embestir. “En sus marcas, listos, ¡fuera!”, grita y pedalea con vigor un empolvado triciclo que amenaza con desarmarse. Compite con niños que montan carros de plástico. Otros, los más grandes, juegan fútbol y las niñas saltan la cuerda.
No es una guardería. Es la casa de Carmen Quijiao, -pequeña y sonreída- de 42 años, que vive junto a sus 12 hijos en una mediagua en Laderas de San Francisco de Calderón.
Los Quijiao, sin saberlo, viven en hacinamiento: un nombre que usan los urbanistas para describir viviendas con alta población y baja calidad de vida. Calderón es la parroquia rural de Quito en la que habitan más personas en esa condición. Según datos del INEC, son 3 265 familias. En todo el Distrito hay unos 52 884 hogares en similar situación.
Sin embargo, al hacer relación entre el número de hogares en hacinamiento con el número total de pobladores de la parroquia, la que tiene el mayor porcentaje y lidera la lista es Checa.
En la parroquia de Calderón hay construcciones ‘apretujadas’, de tres y cuatro pisos. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El piso de la vivienda de Carmen (cocinera sin empleo) también es de tierra. Se abre una vieja puerta y están las camas que sus hijos comparten cada noche: unas tablas colocadas sobre bloques. No tiene sala ni comedor, solo una mesa. Para que una vivienda se considere en hacinamiento, deben pasar la noche en cada habitación más de tres personas. Eso pasa con frecuencia en este barrio, donde no hay buses, vías, veredas, bordillos ni alcantarillado.
El hacinamiento está atado a la pobreza. Diego Hurtado, urbanista profesor de la Universidad Central, explica que las complicaciones económicas impiden a la gente rentar o construir en lugares más amplios. El hacinamiento se relaciona, además, con el crecimiento desordenado de Quito, con el tráfico de tierras y con la falta de empleo. Combatir este problema es uno de los retos para el próximo Alcalde.
En la zona urbana, este fenómeno se caracteriza por la construcción ‘apretada’ de casas de tres y cuatro pisos, que albergan a varias familias. Eso ocurre, por ejemplo, en Solanda (sur) y en La Bota (norte). Celso Meza, presidente de la Asociación de los Barrios Altos de El Condado, que agrupa a 15 barrios entre ellos La Pisulí y La Roldós, indica que en cada casa de la zona viven entre 10 y 15 personas. En Caminos a la Libertad, los cabeza de hogar son albañiles, mecánicos, carpinteros que con esfuerzo lograron levantar primero uno, luego dos, tres y hasta cuatro pisos y heredaron los departamentos a sus hijos.
En la zona rural las familias levantan construcciones de dos o tres cuartos y viven allí con su descendencia. A unas cuadras del hogar de Carmen viven los Vera, otra familia con 10 hijos, la mayor de 16 años (que debió dejar de estudiar para cuidar a sus hermanos) y el menor de 2. Ambos padres trabajan en construcción. Todos madrugan a las 05:00, se bañan en agua fría y caminan por 40 minutos hasta la Escuela Nicaragua, donde estudian los niños. La casa es de bloque con techo de zinc asegurado con alambres y palos.
Pendiente abajo está Planadas de San Francisco, donde viven más de 300 familias. Hay mediaguas, la mayoría sin columnas, que sirven de hogar a seis, ocho y 10 personas. No hay servicio de trasporte. Una sola buseta hace un recorrido a las 06:00. No da abasto a todos. El resto debe caminar por una empinada cuesta por 45 minutos hasta llegar a la parada.
Apenas hace un año y medio tienen luz. Cuando Elena Doisella, de 59 años, llegó al sector en 1994, usaba velas. Luego empezaron a tomar la energía con cables desde Bellavista.
Elena trabaja medio tiempo limpiando un hogar en Quito y gana USD 191. Su esposo enfermó hace nueve años y no halla empleo. Con su sueldo compran alimentos para las comidas: legumbres , papas y arroz. Dos o tres veces al mes comen carne. Cuando se enferman, pagan USD 5 a un carro para que los lleve al hospital. Este barrio cuenta con un medidor comunitario para el agua. Dos días a la semana se turnan para almacenar el líquido en tanques. Los pedidos al futuro Alcalde son varios: agua, carretera, alcantarillado y buses.
Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio del Distrito, conoce esa realidad y explica que ocurre sobre todo en aquellos barrios populares de expansión urbana donde la vivienda no es planificada, no tiene permisos, no cumple las condiciones de espacio, iluminación y tiene riesgo estructural.
Herdoíza asegura que Calderón es la parroquia rural que más ha crecido en las últimas décadas. En 60 años, mientras la población de Quito se multiplicó por ocho, en Calderón fue por 21. Hoy tiene más de 250 000 habitantes. La dotación de servicios requiere de inversión municipal a largo plazo, que llega tarde debido a la rapidez con la que la zona crece. Según Herdoíza, entre los asentamientos y la dotación de servicios hay una brecha de unos 20 años.
Es clave el apoyo de la gente, negándose al tráfico de tierras y construyendo formalmente. De lo contrario, como dice el urbanista Hugo Cisneros, el hacinamiento se convierte en un círculo vicioso. Y los niños de otras generaciones seguirán durmiendo en cuartos separados por telas, acostumbrados a comer y vivir apretados.