Un funcionario de Migración revisa los documentos de los migrantes para autorizar su paso por el puente. Foto: Javier Montalvo para EL COMERCIO
Los ciudadanos venezolanos ya no pueden cruzar libremente el puente de Rumichaca, que enlaza a Ecuador y Colombia, como lo hacían antes. Desde el último fin de semana, los funcionarios de Migración y de la Policía instalaron un puesto de control en el límite internacional del carril central del viaducto, destinado a los peatones.
En ese sitio, que opera las 24 horas, los funcionarios nacionales exigen a los viajeros venezolanos que presenten el certificado judicial apostillado para permitirles continuar el trámite en las oficinas ecuatorianas de Migración.
Ese documento, junto con la cédula de identidad o pasaporte, es obligatorio para que puedan internarse en el país. La medida está vigentes desde el 26 de enero último, por decisión del Gobierno.
La medida, sin embargo, no se aplica a los menores de 18 años, los viajeros que están de paso rumbo a otra nación y para quienes tengan vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad con ecuatorianos, que residan en el país.
Varios extranjeros aseguran que no les permiten continuar su periplo, a pesar de que su destino está en los países del sur del continente, como Perú y Chile.
La nueva acción de control ha provocado la acumulación progresiva de extranjeros en el lado colombiano de Rumichaca. Según testigos, este martes 19 de febrero de 2019 había unas 1 000 personas que quedaron atascadas en la frontera colombo-ecuatoriana.
Algunos viajeros decidieron avanzar cruzando las quebradas y ríos aledañas al paso limítrofe, para evitar el control migratorio.
El viernes, sábado y lunes último, como acción de protesta en contra del nuevo sistema de vigilancia, los migrantes venezolanos bloquearon los carriles de circulación vehicular del Puente Internacional de Rumichaca.
La acción convocó a una reunión urgente de autoridades fronterizas de Ecuador y Colombia, la tarde del lunes. Ahí se anunció que no se permitirán nuevos cierres.
Según un comunicado de Gobernación del Carchi, la medida aplicada por el Gobierno de Ecuador no es restrictiva, sino que busca controlar la migración irregular.