Romo se tomó casi dos horas para presentar el informe en el que detalló que en los 11 días del paro se registraron nueve fallecidos. Foto: Twitter / @MinGobiernoEc
En medio de un cruce de palabras entre los asambleístas César Rohón, del Partido Social Cristiano (PSC) y Jaime Olivo, de Pachakutik, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció hoy, miércoles 6 de noviembre del 2019, a la Comisión Especial que investiga los hechos relacionados con las protestas de octubre de este año.
¿Por qué no han sido detenidos para investigaciones los altos dirigentes de la Conaie?, increpó Rohón a la funcionaria. Y eso fue rechazado por Olivo, quien remarcó que la Comisión -de la que es vicepresidente- se conformó para investigar hechos políticos no actos penales y rechazó que se pretenda “personalizar” el caso.
El presidente de la Comisión, Fernando Burbano (BADI), tuvo que llamar a los dos parlamentarios a la cordura en la sala, cuando Olivo acusó al socialcristiano de pretender sentenciar desde la mesa, mientras este lo identificó como abogado de la Conaie.
¿Qué pasó con los servicios de inteligencia y contrainteligencia? ¿Qué armas utilizó la Policía?¿Quiénes financiaron las protestas y actos vandálicos?¿Hubo ataques a centros de acogida y socorristas?, fueron otras de las interrogantes en la Comisión.
Romo se tomó casi dos horas para presentar el informe en el que detalló que en los 11 días del paro se registraron nueve fallecidos. De estos, según la versión de la Ministra, cuatro fueron casos fortuitos o de fuerza mayor, tres como producto de accidentes tránsito y dos por muertes violentas, afirmó.
Además, detalló que el sistema de salud atendió a 1 507 personas, entre ellos a 458 policías y 7 militares. También indicó que en esos días hubo 1 228 detenidos y aprehendidos a escala nacional.
Romo habló de la transmisión de 20 000 mensajes para desmentir noticias falsas originadas, en su mayoría, en Venezuela. Según ella, contribuyeron a exacerbar actos de violencia. También se originaron en Rusia e Irán, sostuvo.
“Solamente el Ministerio de Gobierno transmitió 20 000 mensajes para desmentir noticias falsas. Nuestro equipo de comunicación creó un mecanismo para verificación de noticias falsas en medio de nuestra preocupación de lo grave y perjudicial que resultaban. El primer día de las protestas identificamos 20 noticias falsas, pero el 12, identificamos 3 600 y la tecnología permite saber las IPs desde donde se envían las noticias falsas. Si bien tuvimos algunos casos esporádicos en Rusia, en Irán, en España, la mayor parte de las noticias falsas se originaron en Venezuela”.
La Ministra afirmó que el Gobierno conoce quiénes financiaron y estuvieron detrás de estos hechos, pero que deja en manos de las autoridades de la justicia para que determinen responsabilidades.
La funcionaria manifestó que se deben hacer “correcciones, mejoras” en los servicios de inteligencia, mas señaló que no todo puede ser previsto. “Los informes no se acercaron a la magnitud de lo que vivimos”, dijo.
Romo insistió en que por parte de la Policía hubo un uso progresivo de la fuerza. Señaló que ha dispuesto a la Inspectoría General de la Policía que investigue “si es que hay casos de falta en protocolos o excesos en uso progresivo de la fuerza”, entre ellos agresiones a periodistas.
“La lógica fue el mantenimiento del orden público y el uso progresivo de la fuerza”, insistió.
Adujo que el hecho de que algunas personas que fueran aprehendidas por la Policía recuperaran su libertad a pesar de las evidencias presentadas, como en el caso de los 16 venezolanos en el aeropuerto de Tababela, demuestra que fiscales y jueces actúan sin presiones.
La Ministra citó también varias arengas de líderes de la Conaie como Jaime Vargas, Leonidas Iza o Yaku Pérez. También de los correístas Virgilio Hernández, Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira. Insistió en que a los jueces les corresponderá determinar responsabilidades personales.
En relación al ataque a la sede de la Contraloría, sin proporcionar mayores detalles, dijo que los bomberos han determinado daños estructurales en el inmueble como producto del incendio provocado.
Para hoy también estaba prevista la comparecencia del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, sin embargo, eso se postergó para la próxima semana.
Wladimir Viteri, propietario de un puesto de comida que fue saqueado en el sector de El Ejido, también acudió a denunciar su caso ante la Comisión. Por otro lado, la abogada experta en Derechos Humanos María Dolores Miño denunció presuntos excesos de la Policía.