José carlos Tuárez ha sido cuestionado porque en su hoja de vida, presuntamente, habría cargos que no ocupó. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO
El futuro del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos Tuárez puede definirse mediante un proceso legal, debido a una supuesta falsedad en documentos público o, mediante juicio político, en la Asamblea Nacional.
Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que tuvo a cargo la organización del proceso de elección de los nuevos vocales del Cpccs, dice que ya no es competencia del CNE destituir a un candidato elegido por voto popular.
“Sin embargo, la Fiscalía General y la Asamblea Nacional pueden actuar, en el ámbito de sus competencias, en el caso de que se determine falsedad de documentos”, señaló Pita.
Pita señaló que el Legislativo fue el encargado de posesionar a los actuales vocales del Cpccs, con base en la certificación del CNE sobre los resultados que los acreditaban como los más votados.
Tuárez ha sido cuestionado porque en su hoja de vida, presuntamente, habría cargos que no ocupó. También hay dudas sobre su pasado político después de que el mismo Pita expuso un formulario de desafiliación al Partido Socialista.
Eso motivó que la mañana de ayer, lunes 24 de junio del 2019, la Asociación de Trabajadores de la Educación (UNE) presentará una denuncia en la Fiscalía.
Según Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), si se determina el delito de perjurio, lo que procede es una pena privativa de libertad. Sin embargo, eso no representaría, necesariamente, que pierda el cargo en el Cpccs. Acosta señaló que para retirarle el cargo, la Asamblea Nacional debe realizar un juicio político.
La mañana del lunes, el legislador de Creo, Fabricio Villamar anunció que iniciaría ese proceso. El argumento es que el “haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos”.
Respecto a la actuación del CNE en el proceso de calificación de las candidaturas, Pita señaló que “el órgano electoral debe revisar los procesos internos, indagar hacia adentro, revisar y verificar la parte administrativa”.