La presidenta del CNE, Diana Atamaint. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, defendió el presupuesto de USD 114 millones que aprobó el pleno para la celebración de los comicios del 2021.
En rueda de prensa en Guayaquil, la mañana de este viernes 28 de agosto del 2020, afirmó que ahora el Ministerio de Finanzas debe tener conocimiento, la próxima semana, de la resolución. “Haremos el requerimiento necesario para la ejecución de las actividades del 2020 y que deben ser entregadas de forma inmediata porque estamos con los tiempos y plazo justos”.
Atamaint afirmó que el presupuesto no es improvisado y se ha trabajado durante 8 meses para establecer el monto.
Explicó que hay un presupuesto de USD 2,1 millones para temas de bioseguridad. Con ello, detallo, se adquirirán mascarillas, pantallas faciales para los miembros de las juntas receptoras del voto, alcohol, entre otros elementos.
Agregó que en innovación tecnológica se destina unos USD 2,7 millones, para reforzamiento de infraestructura tecnológica, esto es para la adquisición de servidores que han cumplido su vida útil.
Mientras, para el alquiler de centros de datos alterno se destina USD 1,9 aproximadamente y para el soporte de plataforma de seguridad perimetral USD 950 000 que servirá para evitar ataques internos y externos.
Atamaint se refirió también sobre la investigación que abrió la Fiscalía por la aprobación del Movimiento Amigo. Dijo que hasta ayer, 27 de agosto del 2020, no había sido notificada. Sin embargo, dijo que acudirá cuando sea llamada y entregará la información necesaria. “Ya lo hice ante la Asamblea Nacional”.
En tanto, sobre el anuncio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la posibilidad de eliminar multas para quienes no sufraguen el día de los comicios, la presidenta de CNE afirmó que no han recibido ninguna propuesta de parte del Ejecutivo para realizar cambios en el proceso.
No obstante, aclaró que la obligatoriedad de sufragar está en la Constitución, las sanciones por no votar están en la Ley y la exigencia de la papeleta de votación es responsabilidad de los servidores públicos. “Quién no lo haga está infringiendo la Ley y tiene sanciones por lo que ninguna de las posibilidades que se has dicho, incluso la ampliación de la jornada electoral, no corresponde porque estas están contempladas en la Ley”.