El 9 de abril, personal de la Interpol detuvo al exministro Ramiro González en su domicilio, en el barrio Miraflores. Foto: Archivo / Cortesía
Ramiro González, imputado por supuesto tráfico de influencias, busca que se retire la orden de prisión en su contra. El exministro en el gobierno de Rafael Correa y expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), solicitó a la jueza Paola Campaña, una audiencia de revocatoria de medidas cautelares.
La diligencia se realizará el 30 de enero, a las 09:00, en el Complejo Judicial del norte de Quito. Allí, González, a través de su abogado, presentará como argumento a su favor, la resolución de la Corte de Justicia de Perú, según consta en la convocatoria para la audiencia, firmada por Campaña.
El organismo judicial del vecino país negó el pasado 19 de diciembre la extradición del exfuncionario al Ecuador, en donde ha sido llamado a juicio. González es investigado por la adjudicación de un contrato por USD 2,9 millones, para proveer servicios de limpieza a los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo.
Según la Fiscalía, González y otros exfuncionarios del IESS, entre estos María Sol Larrea, beneficiaron a una empresa que no reunía los requisitos para ser tomada en cuenta en el proceso de licitación.
En el 2017, Larrea declaró sobre González lo siguiente: “Yo sé y conozco que fue del interés del economista González la adjudicación de este proceso a la empresa (que ganó), presionando a los miembros de la comisión técnica para su adjudicación”.
Por este caso González huyó del país en el 2017. Sus abogados han señalado que él no cometió el delito. Además, alegan que la causa ya expiró y se debería archivar el proceso en su contra.
González está actualmente llamado a juicio, pero la etapa de juzgamiento está paralizada hasta que él sea capturado o comparezca al proceso.