La mañana del 11 de junio, Fernando Balda acudió a la Contraloría General para presentar un pedido de información. Foto: EL COMERCIO
La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte que fije hora y fecha para vincular al expresidente Rafael Correa en la investigación sobre el secuestro de Fernando Balda.
Con ese antecedente, el 11 de junio del 2018 la jueza de Garantías Penales, Daniela Camacho, emitió una providencia en la que pidió a la Asamblea Nacional la autorización para el “enjuiciamiento penal” del exmandatario.
Esto se debe a que los hechos se habrían cometido en su período presidencial (2007-2017). Por eso dio un plazo máximo de 72 horas para que el Legislativo se pronuncie.
Pero en la tarde, la Asamblea emitió un comunicado y señaló que como Rafael Correa ya no ejerce funciones como presidente desde mayo del 2017, “no aplica” autorizar o no el enjuiciamiento penal.
A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario reaccionó así: “Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme, sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia. ¿Se imaginan el antecedente que están creado?”.
Felipe Rodríguez, abogado de Balda, anunció que presentarán una acusación particular en contra del exmandatario. “Si la Fiscalía lo vinculó es porque tienen todos los elementos necesarios”.
El pedido del fiscal General, Paúl Pérez, generó el rechazo de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana. El legislador Franklin Samaniego señaló que esta es una muestra de que “la justicia está politizada en el Ecuador”.
Para esta bancada, el objetivo del Gobierno de Lenín Moreno es vincular al expresidente “en cualquier proceso”.
Mientras tanto, para el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, el pedido de la Fiscalía es una señal de que “ahora la Fiscalía actúa de forma independiente”.
En la mañana, en cambio, Balda acompañó al asambleísta de Creo, Fernando Callejas, a la Contraloría General del Estado, en donde el legislador presentó un pedido de información para conocer si se realizó alguna auditoría a los gastos de la Secretaría de la Presidencia de la República en el 2012, con relación a este caso.
Allí, Balda se refirió al expresidente Correa y señaló que espera que “venga al Ecuador, a darle la cara al país y a enfrentar un proceso judicial”.
Temprano, Stalin Oviedo, abogado del exdirector de la Senain, Pablo Romero, quien fue vinculado a este caso, estuvo en la Fiscalía General y confirmó que su cliente, de quien se desconoce su paradero, está dispuesto a rendir su versión el 19 de junio. “Él me mandó un poder desde el Consulado de Portugal”, dijo el abogado. No se descarta que su comparecencia sea a través de videoconferencia.
El exministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, también fue notificado por la Fiscalía para dar su testimonio. Deberá hablar este jueves a través de una videoconferencia desde Nueva York.
Un día después, el exministro del Interior y actual asambleísta, José Serrano, está llamado por la Fiscalía para que amplíe su versión.
Para la próxima semana se esperan las comparecencias de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación; de la exministra de Justicia Ledy Zúñiga; del exviceministro del Interior Javier Córdova y de cuatro oficiales de la Policía.
La defensa de Balda sostiene que estas versiones permitirán esclarecer el caso. Felipe Rodríguez dice que Correa será el último en ser vinculado.
Considera que la Fiscalía ya no tiene tiempo para relacionar a otros funcionarios en este hecho, pero dice que podrían abrirse nuevas indagaciones por otros delitos como peculado. La investigación por asociación ilícita y secuestro finaliza el 18 de julio.
Por ahora hay cuatro detenidos: tres policías y el exdirector de Inteligencia, Fausto Tamayo, quien ya estaba en prisión por el caso pases policiales. Además existe una orden de detención preventiva y alerta de Interpol contra el exjefe de la Senain Pablo Romero.