El 9 de diciembre pasado, los afectados se reunieron en la Tribuna del Sur para analizar su situación y definir acciones. Foto: Andrés Jaramillo / EL COMERCIO
No será una Navidad como la de años pasados, llena de optimismo y algarabía para el psicólogo William Valverde.
Laboró hasta el 30 de noviembre pasado en la institución educativa Concentración Deportiva de Pichincha, ubicada en el sector de Barrionuevo, en el sur de la capital.
Ese día terminó su jornada de trabajo, a las 15:30 y fue a su domicilio. Luego, a las 23:00, recibió la llamada telefónica de una compañera, también psicóloga. Le dijo que revisara su dirección de correo electrónico porque, al igual que a ella, le había llegado una notificación de finalización de contrato.
La misiva no daba una explicación de la medida. Solo se detallaba la documentación que debía presentar para que pudiera cobrar la liquidación.
No pudo dormir esa noche, pensaba que podía ser un error. Ni siquiera la rectora del plantel estaba al tanto. Las notificaciones llegaron a tres de los cuatro profesionales de esa área que había en el plantel.
Ahora solo hay uno, para atender a 1 700 alumnos. Ocurrió en momentos (Navidad y Fin de Año) en que más se los necesita, según Isabel Macas, representante de la Unión Nacional de Educadores en Pichincha. “En estas fechas de fiestas, la drogadicción, los efectos de los hogares disfuncionales, el embarazo adolescente se hacen más visibles. La salida de psicólogos afecta la calidad de la educación”.
ParaFabricio Vallejo, subsecretario subrogante de Distrito del Ministerio de Educación, se necesitan datos certeros para poder hacer ese tipo de afirmaciones. Pero aclara que hay otros profesionales en los centros educativos que están dando atención a los alumnos. “No nos olvidemos que no es el 100% de la población estudiantil que necesita el apoyo. Es cierta población”.
Los tres psicólogos de la unidad Concentración Deportiva de Pichincha acudieron el 1 de diciembre al Distrito de Educación 6, al que pertenecían, para pedir explicaciones.
Pero, según Valverde, les dijeron que tenían 48 horas para presentar los documentos de la liquidación para que se pueda hacer efectiva en enero del 2016. Y que los sueldos que se les adeudaban de dos meses también se les iba a cancelar.
De a poco, los psicólogos se dieron cuenta de que no eran los únicos afectados. Había otros en diferentes centros educativos de la urbe en la misma situación y comenzaron a contactarse. Tuvieron una reunión el pasado 9 de diciembre en la Tribuna del Sur. Hubo 20 personas a las 11:00. Fue espacio para planificar acciones, fortalecer su organización, pero también para desahogarse.
“A las 22:00, del 30 de noviembre, recibí una notificación a mi e-mail diciéndome que estaba fuera, sin ninguna explicación”. Es el testimonio de Mónica Lloay, quien fue la psicóloga de Policía Nacional. “Dicen que nos van a pagar nuestros haberes, pero lo que necesitamos es trabajar”.
Fabricio Vallejo, del Distrito de Educación, explica que los funcionarios administrativos se rigen de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público. Esto implica que se define un contrato y que cada año, dependiendo de varios factores, se renueva o se cancela el contrato. Ahora hay un cierre del año fiscal en curso.
“Esto no quiere decir que (los psicólogos que salieron) no puedan ser tomados en consideración para el próximo año. Ellos serán los primeros en los perfiles para seguir siendo contratados, de acuerdo con las necesidades que se presenten”.
Como Ministerio sabemos que detrás de cada persona hay una familia -siguió Vallejo- y por eso nuestra responsabilidad es pagarles sus respectivos sueldos. Esto ya se ha hecho.
El funcionario, al ser consultado sobre el monto total que se ha pagado por sueldos pendientes, señaló: “no podría decirle no tengo el dato en este momento”. Y cuando se le consultó si son 70 afectados: “me parece que más o menos asciende a esa cantidad”.
Valverde ganaba USD 817 al mes. Aunque dice que cuando inició su trabajo le ofrecieron un salario mayor, que no se hizo realidad. Espera enfrentar los meses de desempleo con la liquidación, aunque reconoce que lo ideal fuera que se lo vuelva a contratar.
Le extraña que la salida de profesionales se haya dado, incluso, días después de que el propio Ministerio haya anunciado que se fortalecerían los departamentos de orientación y consejería, como parte de un plan integral de seguridad.
“En cerca de 80 instituciones educativas, el Ministerio promueve la instalación de cámaras de videovigilancia por la drogadicción”, recuerda Valverde. “Pero nosotros, los psicólogos educativos que laboramos en esas instituciones, sabemos quienes son los que consumen, donde se vende. Se ha enviado informes a las autoridades y no se ha hecho nada”.
Los psicólogos buscan que el Ministerio de Educación abra concursos de oposición para lograr el nombramiento y evitar la incertidumbre que sienten cada fin de año, quienes tienen contratos de un año.