Profesores son testigos de violencia contra niños

La Fundación Laura Vicuña alberga niñas que sufrieron maltrato físico, psicológico o sexual. Allí hay 31 menores. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

La Fundación Laura Vicuña alberga niñas que sufrieron maltrato físico, psicológico o sexual. Allí hay 31 menores. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

La Fundación Laura Vicuña alberga niñas que sufrieron maltrato físico, psicológico o sexual. Allí hay 31 menores. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.

Faltó tres días a la escuela. Cuando volvió, los profesores se dieron cuenta de que la pequeña tenía huellas de golpes. Sucedió en marzo y es uno de los tres casos de maltrato infantil detectados en un plantel del norte de Quito. Los moretones en las piernas y un hematoma en la cabeza fueron las evidencias de la agresión física que sufrió la menor de 8 años.

La psicóloga investigó el caso y reveló que a la pequeña la agredió su padre, con un palo de escoba. En el informe que entregó al rector de la institución se detalla que no era la primera vez que sucedían esas escenas de violencia. Otras veces, su padre utilizaba una correa o un cable para castigarla.

En otro centro educativo, también en el norte de la capital, el año pasado hubo 50 niños que fueron agredidos. Los docentes del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) investigaron y concluyeron que con frecuencia los padres reaccionan violentamente con sus hijos para reprenderlos.

En ese establecimiento, la mayoría de víctimas tiene entre 3 y 12 años. Los abusos que se detectaron fueron conocidos por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. En esa entidad las quejas por violencia contra niños y adolescentes se reciben a diario.

En el 2014 se investigaron 1 979 casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, reportadas en escuelas de Quito.

En la capital, la Junta tiene dos lugares para recibir las quejas. Uno está en la zona centro. Allí se investigan casos que ocurren también en el sur y el valle de Los Chillos. La oficina de la zona norte maneja también casos de sectores como Carapungo, Calderón, Tumbaco, entre otros de la capital.

Marcia Paillacha es la coordinadora de la Unidad de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Zona Centro. Ella señala que aunque el número de casos se redujo con relación a los 3 090 que se presentaron en el 2013, no necesariamente fue porque disminuyeron las agresiones “sino porque la gente no denuncia”.

En las escuelas se detectan los primeros síntomas de agresión a los menores. Los pequeños se vuelven agresivos, se aíslan o lloran cuando recuerdan los momentos violentos.

Ese fue el caso de un estudiante de cuarto de básica. Su padre lo golpeaba cuando estaba ebrio. Algo similar sucedió con una niña de 10 años que estudia en una escuela de Guamaní (sur de la ciudad) Allí, los profesores se dieron cuenta de la agresión porque dibujaba en su cuaderno a su mamá con una correa. De hecho, el miércoles pasado, la psicóloga de otro plantel que funciona en el Centro Histórico también supo, por un dibujo, que un alumno de sexto de básica era violentado.

“Los niños prefieren graficar lo que les pasa antes que contar a alguien lo que padecen en sus casas”, comenta la experta. 

¿Qué hacen las escuelas ante estos hechos? Las autoridades de las unidades educativas dicen que dan charlas a los padres. Por ejemplo, en una institución donde se dieron 50 casos de violencia infantil, su Rectora señaló que cada año desarrollan dos conferencias sobre los derechos de los niños y la Ley de Educación. En otros planteles, los maestros les hablan a los adultos sobre violencia intrafamiliar y alcoholismo.

El divorcio, el trabajo infantil y la desnutrición también son parte de las charlas. Sin embargo, en septiembre, desde que se inició el nuevo año lectivo, ninguna de las ocho escuelas a las que visitó este Diario ha realizado capacitaciones.

Para conocer los casos de violencia a escala nacional, EL COMERCIO solicitó al Ministerio de Educación información detallada del número de niños maltratados que han sido identificados en los planteles.

A través de un correo electrónico, esa Cartera de Estado explicó que los DECE son los encargados de la prevención de estos problemas y que no conocen cuántos casos de violencia hay en el país, pues “no existe un repositorio nacional que permita sistematizar los casos de violencia identificados”.

En cuanto al procedimiento que deben seguir los centros cuando detectan casos de agresiones infantiles, el Ministerio aseguró que aún está en “proceso de revisión”.

Hace siete días, la fundación Marcha Blanca hizo un llamado de atención al sistema educativo para evitar el maltrato a los niños, pues asegura que los ataques pueden terminar en asesinatos como el que sucedió el pasado 2 de octubre, cuando dos menores de 9 y 10 años fueron hallados sin vida junto al cuerpo de su padre, quien se habría suicidado tras matar a los pequeños en Quito.

Hace 15 días, la muerte de otra menor causó conmoción en el centro-oriente de la ciudad. La pequeña, de 3 años, fue agredida sexualmente. El sospechoso escondió el cadáver en un armario de su casa. La multitud intentó lincharlo.

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