El fiscal Fabián Salazar, quien dirige esta investigación, allanó la Notaría el martes. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La declaración del policía Danny Ibarra fue legalizada el 5 de marzo de marzo del 2018, en la Notaría Séptima de Quito.
Ese día, el agente relató que una semana antes, el lunes 26 de febrero, elaboró el parte informativo sobre la conversación entre el legislador José Serrano y el excontralor Carlos Pólit, bajo “presiones” de su jefe, un coronel de la Policía que trabaja para la Fiscalía General del Estado.
El 26 de febrero del 2018 el fiscal Carlos Baca Mancheno presento un audio donde se escucha a José Serano y Carlos Pólit en una conversación.
Ibarra aseguró haber concluido el documento “pasadas las 13:00”, pero contó que su jefe le pidió que “hiciera constar como hora las 08:45” de ese 26 de febrero. “Es decir minutos antes de que se diera la rueda de prensa”, dijo.
Se refiere a las declaraciones que ese lunes 26, aproximadamente a las 09:00, dio el fiscal general Carlos Baca. Esa mañana, el funcionario reprodujo el audio de Serrano y Pólit.
En la declaración juramentada, el policía también narró que el 5 de marzo mantuvo una reunión con Baca, su jefe y otro oficial retirado de la Policía.
“Me indicaron, bajo presión, que debía realizar rápidamente una presentación del caso, generando una hipótesis falsa y forjada acerca de una supuesta conspiración en contra del señor Fiscal General”.
El agente indicó, además, que se sintió presionado para que su presentación tuviera diagramas y líneas que tiempo “que no guardaban relación, pero que tenían la intención de causar daño a Serrano”.
El 14 de marzo, EL COMERCIO solicitó una versión de Fiscal, pero sus asesores informaron que no hablaría sobre el tema.
Los hechos originaron el allanamiento de la Notaría Séptima de Quito, la noche del martes 13 de marzo. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Fabián Salazar. Él recibió copias de la declaración de Ibarra y se llevó copias de los videos de seguridad del local.
Peritos de Criminalística decomisaron los equipos del circuito de videovigilancia.
Luego de la diligencia, que duró tres horas, Salazar confirmó que el agente sí certificó su testimonio en ese lugar, pero reveló que no lo hizo solo. “Lo que nos damos cuenta es que este policía llegó acompañado de Diego Fuentes (exviceministro del Interior), quien habría obligado al Notario a que apague los equipos mientras se realizaba la diligencia”.
Los “equipos” a los que se refiere Salazar son las cámaras de seguridad del despacho.
Este Diario contactó el miércoles al notario David Pino, quien admitió que se apagaron las cámaras, pero negó que haya sido “obligado” por el exviceministro, ahora asesor de Serrano, a desconectar su sistema de vigilancia.
“Lo que me manifestó (Fuentes) es que, por principio constitucional, no quería ser grabado. Pidió que se apagaran las cámaras”, indicó el notario. Y añadió que esos aparatos fueron instalados por seguridad del local, ya que se habían registrado robos. “Pero si una persona no desea ser grabada, no podemos hacerlo”.
El martes por la noche, luego del allanamiento, Fuentes respondió a Salazar a través de Twitter. “El fiscal ha mencionado mi nombre. Tendrá que responderle al país y a la justicia por engañar a la ciudadanía. Esta es la espeluznante declaración juramentada sobre la que no se pronuncia y que es pública en dicha notaría”, escribió en esa red social.
El 9 de marzo, Serrano ya denunció en la Asamblea una supuesta manipulación del parte informativo que elaboró el agente Ibarra. Acusó al fiscal Baca de mentir al país.
En otro fragmento de la declaración juramentada, el policía dijo que tras la reunión en la Fiscalía, a las 19:30 de ese 5 de marzo, recibió amenazas de su jefe. “Me manifestó que tenga cuidado con las personas que me voy a reunir o entregar la presentación (del caso)”.
La polémica sobre este audio provocó la salida de Serrano de la Presidencia del Legislativo y una resolución para someter a Baca a un juicio político.
El legislador Luis Fernando Torres anunció que el 15 de marzo se presentará el pedido formal de juicio político en contra del Fiscal General y que, entre las pruebas, “se valorará” la denuncia sobre el posible parte forjado.
Judicatura tramita quejas contra fiscal Moreno
En el ámbito administrativo, este caso también ha generado el inicio de un proceso disciplinario en contra de la fiscal Subrogante, Thania Moreno.
Ella fue identificada por la asambleísta Cristina Reyes como “la tercera pieza” en esta trama. Incluso Baca la ha señalado como parte del grupo que conspira en su contra.
Reyes presentó el martes una queja contra la funcionaria y pidió su destitución “por negligencia” y “por sus aparentes conexiones políticas”.
El 14 de marzo, el Consejo de la Judicatura indicó que ya inició el trámite de esta denuncia junto con otra queja que presentó el ministro del Interior, César Navas, en contra de Moreno.
La Fiscal, por su parte, se pronunció a través de un comunicado. Aseguró que apoyará la investigación “porque no tengo ningún temor y tampoco algo que esconder”. Además, dijo que “con esta investigación quedará clara mi actuación”.
Para hoy, la Comisión Anticorrupción anunció que presentará otra denuncia en contra de Moreno, ante el Consejo de Participación Transitorio. La Comisión cuestiona su designación como fiscal general.
En abril del 2017, la Judicatura la posesionó para ese cargo por ser la mejor puntuada en el concurso de fiscales provinciales.
En contexto
El fiscal general Carlos Baca difundió el audio de la conversación entre Serrano y Pólit el pasado 26 de febrero, en una rueda de prensa. Al día siguiente, dijo que el archivo fue hallado en una red social y que fue informado de aquello a través de un parte.