Agentes de la Policía Nacional esperaban al periodista David Romero afuera de Radio Globo en Tegucigalpa, para detenerlo. Foto de la cuenta Twitter @radioamericahn
El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) solicitó este lunes 25 de marzo del 2019 “medidas de seguridad” a favor del periodista David Romero, quien enfrenta una acusación por difamación e injurias por lo que ha sido condenado a diez años de cárcel.
La petición la hizo el Conadeh luego de que Romero, contra quien hay una orden de captura y estaba prófugo, llegó a la Radio Globo en Tegucigalpa, que él dirige.
El periodista denunció que si llegara a ser asesinado en la cárcel el responsable sería el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a quien acusa de “corrupto”.
Según dijo Romero en la radio, agentes de la Policía Nacional estaban esperándole afuera para llevarlo a la cárcel y señaló que hoy mismo se entregaría.
Decenas de seguidores de Romero coreaban consignas contra el presidente Hernández y le pedían al periodista que no se entregara.
Al final, cuando se creía que el comunicador se entregaría, de un organismo derechos humanos le indicaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado al Gobierno de Honduras que no fuera enviado a la cárcel.
Según registros del Conadeh, desde el año 2004 a la fecha se han interpuesto alrededor de 30 querellas contra personas vinculadas a los medios de comunicación, de las cuales al menos seis han sido objeto de sentencias en el país, mientras que otros prefirieron llegar a acuerdos conciliatorios.
“En el ejercicio de nuestras facultades y atribuciones constitucionales, de velar por el respeto del derecho a la vida y a la integridad física de la persona humana, estamos solicitando medidas de seguridad para evitar eventuales daños irreparables en contra del periodista David Romero“, indicó el titular del Conadeh, Roberto Herrera.
El 23 de julio de 2015 el Conadeh brindó protección a David Romero, donde permaneció durante tres días.
Entonces, Romero denunció que temía por su vida y expresó su preocupación en torno al juicio que se ventilaba en su contra en uno de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
El 11 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de casación presentado por la defensa de Romero y ratificó la sentencia emitida en marzo de 2016, de diez años de reclusión, por la comisión de seis delitos de difamación constitutivos de injurias, contra Sonia Gálvez, esposa del exfiscal general adjunto Rigoberto Cuéllar.
El pasado día 14 un juez de ejecución emitió orden de captura contra Romero, quien en el pasado reciente estuvo preso por un asunto de tipo familiar.