Pedernales: control a la construcción informal

René Moncayo (der.) explica a uno de los damnificados que no puede construir sobre las ruinas porque es peligroso. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

René Moncayo (der.) explica a uno de los damnificados que no puede construir sobre las ruinas porque es peligroso. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

René Moncayo (der.) explica a uno de los damnificados que no puede construir sobre las ruinas porque es peligroso. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Fue una de las causas que provocó el colapso de las infraestructuras en Pedernales, tras el terremoto del 16 de abril.
Las casas se levantaron sin un estudio técnico y ahora, tras la emergencia, los pobladores apelan nuevamente a la informalidad para la construcción.

René Moncayo, comisario de construcción de la Dirección de Planificación Urbana y Rural del Municipio de Pedernales, lo constata a diario en los recorridos que hace por esa ciudad, pero también por otros sectores de Manabí como Cojimíes, Atahualpa y 10 de Agosto, entre otros. Su misión es detectar las construcciones que no cumplen con la normativa o reconstrucciones que intentan levantarse en la informalidad.

Dice que, hasta el momento, ya se han registrado 25 casos de construcciones de ese tipo. “Cada una ha recibido la primera notificación, otras ya cumplen tres o hasta cuatro notificaciones”.

Pasado el tercer aviso -agrega- se procede a realizar un oficio donde se notifica una multa del 10% del costo de la construcción. Además, se procede al derrocamiento.

Walter Intriago, director de Planificación del GAD de Pedernales, explica que la mayoría de personas notificadas ha explicado que les urge tener un lugar propio para guarecer.

Ya no quieren estar en albergues o refugios y están enfocados en comenzar de nuevo.

En algunos casos, según Intriago, se está utilizando como base los escombros de las viviendas derrumbadas, lo que representa un peligro.

Además, comienzan a registrarse invasiones de terrenos para asentamientos. Hay dos de esos casos en los sectores La Chorrera y Nuevo Pedernales.

En este último asentamiento se encuentra Alfonso Macías, un damnificado. Él llegó junto con su esposa y dice que estará ahí, en una estructura improvisada que montó, hasta que alguien lo reubique.

Reconoce que estuvo en un albergue oficial, pero le dio miedo de que su estado de salud pueda afectarse y por eso optó por dejarlo e invadir.

Una de las últimas inspecciones de construcción que hizo Moncayo fue el 16 de mayo pasado. Entonces habló con Paulo Alcívar, de 73 años.

Él dice que construyó su vivienda hace 22 años y que no se moverá del sitio, porque no tiene daños serios.

Pero el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en un análisis previo que hizo sobre la situación de las infraestructuras, determinó que esa vivienda es una de las que se encuentra en riesgo.

Aunque a simple vista parece que se mantiene en pie, será necesaria demolerla, por lo que las familias deberán evacuar mientras se realizan los trabajos. Alcívar pidió a las autoridades que traten de no arruinar el piso, porque tenía previsto usarlo como base para nuevamente levantar su vivienda. También que dejen una columna que en los últimos días reforzó.

Pero Moncayo le advirtió que será necesario hacer nuevas columnas y verificar que los materiales que se empleen sean los adecuados.

Buena parte de las casas que se derrumbaron tenía paredes hechas con arena de mar, salada, que oxidaron las varillas de la estructura.
César Navas, ministro coordinador de la Seguridad, dijo que no se permitirá a las personas construir en la zona devastada si no cuentan con un permiso. Y que este se dará previo a una inspección que deberán hacer los técnicos del Miduvi. “El manabita y el ecuatoriano a veces quiere cooperar y dice: ¡por qué no me dejan. Si el Gobierno no hace yo sí quiero hacer. Pero aquí hay que poner orden. Una de las lecciones aprendidas es que sin disciplina no lo vamos a poder conseguir”.

Nos hemos dado cuenta en informes preliminares -agrega Navas- que los terrenos en Tarqui, en el centro de Portoviejo y otras áreas más sufrieron muchos daños. “Hay una licuefacción. No soportan estructuras grandes. Eso tiene que entender la ciudadanía. Muchos alcaldes han emitido la norma de que está prohibido este tipo de construcción”.

El Miduvi, como alternativa, entregará bonos de reconstrucción de hasta USD 4 000, pero solamente con estudios técnicos de por medio, refiere Navas.

El comisario de Construcción del Municipio de Pedernales informó a las personas sobre la condición de sus viviendas y alertó de los riesgos cuando se identifican casos de edificaciones riesgosas.

A Moncayo, por ejemplo, le dijo el lunes que en la primera inspección que se hizo a su casa se estableció que las actuales columnas no podrían soportar un segundo piso.

De ahí que Intriago pidió a los moradores que se acercaran al Municipio para recibir una guía. El objetivo es no volver a cometer los errores que agravaron los efectos del terremoto. Se está recibiendo además propuestas de especialistas de varias universidades para la reconstrucción, como la Católica de Guayaquil, SEK, Uleam de Manabí...

Se trata de modelos de viviendas más accesibles para las personas damnificadas.

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