El trasvase Daule Vinces es un sistema de riego situado entre las provincias de Guayas y Los Ríos. Reparte agua en unas 170 000 hectáreas. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La red de corrupción que Odebrecht tejió en Ecuador también arrastró a otras compañías brasileñas que participaron en concursos para obras.
La investigación de la Fiscalía señala que la constructora supuestamente llegó a “acuerdos” con estas empresas para que presentaran ofertas económicas más altas o no incluyeran todos los aspectos que las bases de concursos exigían.
Este esquema se aplicó, por ejemplo, en el Trasvase Daule Vinces, una obra que ahora es indagada en el expediente por presunta asociación ilícita en contra de 18 sospechosos, y en otro proceso por posible cohecho, en el que es señalado el vicepresidente Jorge Glas, y su tío Ricardo Rivera.
En marzo del 2012, la Secretaría del Agua, entidad a cargo del proyecto, invitó al concurso a cinco empresas brasileñas (Odebrecht, Camargo Correa, Engevix Engenharia, Querioz Galvao, y OAS), debido a que el Banco de Desarrollo de ese país financió la construcción.
Un mes después, el 30 de abril del 2012, Walter Solís, entonces gerente de Senagua, adjudicó el proyecto a Odebrecht, luego de que consiguiera la máxima nota (100/100) en el concurso. El contrato inicial se firmó por USD 191 millones.
Odebrecht luego hizo supuestos pagos ilícitos a las constructoras que se quedaron en el camino. Transfirió presuntamente USD 1,8 millones a Querioz Galvao; otro monto igual a Engevix Engenharia; y USD 1 millón a OAS.
Estos datos constan en el expediente por asociación ilícita.
Pero las coimas también habrían llegado a funcionarios que trabajaron en Senagua. Odebrecht aseguró que hizo 15 transferencias ilícitas por USD 3,9 millones a las ‘offshores’ Belvedear Worldwide y Sentinel Mandate & Escrow. Y además dijo haber entregado supuestamente USD 2,1 millones en efectivo a Carlos Villamarín.
Él fue presidente de la comisión técnica que analizó las ofertas en Senagua. Actualmente está preso y es indagado en el caso de asociación ilícita.
Ayer, este Diario intentó hablar con Juan Carlos Quintana, abogado de Villamarín, pero no contestó las llamadas.
José Conceição Santos, delator de Odebrecht, mencionó que Solís supuestamente pedía que se cumpliera con esos pagos a través de Villamarín.
Gutemberg Vera, abogado de Solís, negó ayer esto y leyó un extracto de la respuesta que Santos dio al fiscal general Carlos Baca, en el interrogatorio.
Santos dijo que “nunca ha tenido ningún contacto por temas de coimas con Solís”.
Vera luego señaló que su cliente tiene una “hoja de vida intachable” y que no hay “ninguna evidencia” de que él haya recibido pagos ilícitos. Y aclaró que Solís no tiene nada que ver ni sabe quiénes están detrás de las empresas Belvedear Worldwide y Sentinel Mandate & Escrow Ltd.
La asistencia penal que Estados Unidos envió a Ecuador revela parte de los 3,9 millones que Odebrecht transfirió a esas dos ‘offshores’, bajo supuestas asesorías y consultorías, ahora investigadas.
Para no dejar rastro y mantener las identidades ocultas de los beneficiarios de los pagos, los ejecutivos brasileños usaron códigos y nombres claves (ver nota 11 intermediarios de Odebrecht usaban apodos y claves).
En el texto de EE.UU. aparecen dos transferencias que se envían el 18 de febrero del 2014 por USD 200 000 cada una, bajo el nombre en clave ‘Paquetazzo’, y los beneficiarios fueron Belvedear y Sentinel.
La primera ‘offshore’ fue constituida en septiembre del 2011 en Panamá, y la segunda tiene su sede en las islas Caimán, donde también opera el fondo de inversión Sentinel Investment Fund SPC. Esta empresa fue investigada en el proceso de cohecho, dentro del caso Petroecuador.
Otros USD 150 000 se remitieron el 13 de mayo del 2014 con el nombre ‘Black Lebel’, a Sentinel Mandate & Scrow. El 4 de julio de ese mismo año, en cambio, se transfirió USD 200 000 bajo el nombre ‘Professor’ y la empresa beneficiaria nuevamente es Belvedear.
El 27 de agosto siguiente hay otro medio millón dirigido a “Primos”, de la compañía Cilgory, asentada en Montevideo (Uruguay). Una cifra igual se envió el 15 de septiembre del 2014 con los mismos códigos.
En total, en el Daule Vinces, Odebrecht pagó coimas a través de cuatro personas que tenía apodos. Según oficios remitidos por Senagua a la Fiscalía, este trasvase costó sobre los 320 millones, con IVA. Hubo un incremento de USD 130 millones, el 67% más del valor inicial. Esto sin incluir pagos por fiscalización. Los aumentos fueron observados por Contraloría, pero no hubo indicios de responsabilidad penal.
En 10 días se sabrá si Jorge Glas va a juicio
La tarde de ayer, el fiscal Carlos Baca Mancheno confirmó que la audiencia preparatoria de juicio para el vicepresidente Jorge Glas se desarrollará a las 08:30 del 16 de octubre.
En esta diligencia se conocerá si el segundo mandatario va o no a juicio por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Si el magistrado Miguel Jurado da paso al juicio se convocará a una nueva diligencia, en que la Corte podría fijar una pena de entre 3 a 5 años por el delito que se investiga.
En este caso también son investigados Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente, el excontralor Carlos Pólit y otras 15 personas.
El procurador Diego García ya habla de la indemnización que Odebrecht debería pagar a Ecuador. “Sabemos que no son 33 millones y medio de coimas, sino que es un monto mayor. En el caso de asociación ilícita, de la información que teníamos hasta la acusación particular, reclamamos USD 40 millones. Es probable que la suma sea superior. Este momento, nuestro cálculo nos permite pensar que supera los USD 50 millones en coimas”.
En tanto, a las 14:00 de hoy, en la Corte Nacional de Justicia se analizará el pedido de los abogados de Glas, para que la prisión preventiva sea reemplazada por otra medida.