La Fiscalía solicitó a las autoridades de la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa) remitir los videos de las cámaras de seguridad, tras la toma de la pista del Aeropuerto. Foto: Twitter Fiscalía
La obstaculización de tareas humanitarias y sanitarias se castiga con hasta 13 años. Esta sanción está considerada dentro del artículo 124 del Código Penal (COIP) y es la figura legal que investiga la Fiscalía tras los hechos registrados en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo.
La entidad investigadora envió un boletín el jueves 19 de marzo del 2020. Ahí señala que solicitó a las autoridades de la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa) remitir los videos de las cámaras de seguridad.
El objetivo es verificar el accionar de las personas e instituciones “que habrían intervenido en el bloqueo intencional de la pista de aterrizaje”, acción que impidió el arribo de una aeronave comercial de la línea aérea europea KLM.
La fiscal provincial Yanina Villagómez indicó que ha pedido a sus compañeros de flagrancias el inicio de una investigación previa tras conocer los videos subidos a redes sociales y medios de comunicación. Señaló que las investigaciones iniciadas se basan en lo dispuesto en el artículo 124 del COIP.
Esa normativa señala que se sancionará con prisión de 10 a 13 años a las personas que en desarrollo de un “conflicto armado internacional o interno o grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural” obstaculice o impida la realización de las tareas sanitarias y humanitarias. La Fiscalía también basará su posible acusación en supuestas violaciones a convenios internacionales y normas del Derecho Internacional Humanitario.
La fiscal de la Unidad de Flagrancia, Laura Chacón, acudió en horas de la noche al centro aeroportuario, donde solicitó los videos en los que se constatan los hechos. TAGSA, horas después, los entregó a la Policía Judicial, para que proceda a la explotación y extracción de la información requerida.
La investigación recayó por sorteo en el fiscal John Camposano, de la Unidad Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional, quien indicó que este jueves solicitaría a TAGSA el informe del personal que se encontraba de turno el día de los hechos, los nombres de los tripulantes y la hora de arribo programada para la aeronave.
Además, se solicitará a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) que remita el listado de uniformados y personal civil que se constituyó en el aeropuerto y las disposiciones que les fueron impartidas para el efecto. A la Policía Judicial se le solicitó que remita los partes informativos de los hechos acaecidos en la terminal aérea.