Un hombre coloca una bandera estelada a la entrada de la cárcel de Neumünster, donde permanecía recluído el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, en Alemania, hoy, 6 de abril de 2018. Foto: EFE
El independentista encarcelado Jordi Sánchez será de nuevo propuesto como candidato a presidente de Cataluña, anunció el sábado 7 de abril del 2018 el presidente del Parlamento regional, una opción apoyada por el exdirigente Carles Puigdemont, que volvió a pedir diálogo con Madrid desde Berlín.
“Propongo al diputado Jordi Sánchez como candidato a la investidura. Es el que reúne más apoyos”, indicó el presidente del Parlamento, Roger Torrent, en un tuit.
En un intento anterior, a finales de marzo, Jordi Sánchez retiró su candidatura porque la justicia española rechazó liberarlo de la cárcel en la que permanece desde hace casi seis meses para que pudiera ser investido.
Es la cuarta vez que el presidente del Parlamento catalán propone un candidato: primero fue el presidente regional destituido Carles Puigdemont, luego Jordi Sánchez en un primer intento y finalmente el exportavoz del ejecutivo catalán Jordi Turull.
La semana que viene se decidirá la fecha de la próxima sesión de investidura, según una fuente cercana al presidente de la cámara regional.
Si no es designado un nuevo presidente de Cataluña antes del 22 de mayo, se convocarán automáticamente nuevas elecciones regionales.
Mientras no se establezca un ejecutivo, Cataluña sigue bajo tutela de Madrid, una medida impuesta tras la declaración de independencia del 27 de octubre.
La situación judicial en la que se encuentra el núcleo duro de los separatistas bloqueó los tres primeros intentos de investidura: ya sea porque el candidato estaba en el extranjero, como Puigdemont que residía en Bélgica para escapar a las acusaciones de la justicia española, o bien porque estaba en prisión, como Jordi Sánchez y Jordi Turull.
Los tres hombres están acusados de rebelión”, un cargo pasible con hasta 30 años de cárcel.
Jordi Sánchez, de 53 años, exdirigente de la influyente asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) , se encuentra en detención preventiva desde mediados de octubre por haber participado el 20 de septiembre en una manifestación delante de un edificio del gobierno catalán que estaba siendo allanado por agentes de las fuerzas de seguridad, quienes no pudieron salir durante varias horas.
Para ser investido, necesita la autorización de salida del juez, que se la denegó para la primera candidatura en marzo.
Derecho internacional
Los separatistas empiezan así un nuevo pulso con Madrid, basándose en una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al que recurrió la defensa de Sánchez denunciado la violación de sus “derechos políticos”.
A la espera de un examen sobre el fondo del asunto, el comité pidió a España el 23 de marzo asegurar el “respeto de los derechos políticos” de Sánchez, sin precisar cómo.
Para la presidencia del Parlamento catalán, esta resolución tendría que llevar a la justicia española a liberar a Sánchez.
“El Tribunal Supremo está en la encrucijada: tiene que respetar la legalidad internacional”, aseguró a una fuente cercana a Roger Torrent.
Carles Puigdemont mencionó el sábado desde Berlín argumentos parecidos en su apoyo a la candidatura de Jordi Sánchez.
“ Hoy he de reclamar al Estado (español) que cambie de actitud. Que garantice los derechos políticos de nuestro diputado Jordi Sánchez de ser presidente. Tiene intactos sus derechos como diputado y de ser presidente del gobierno” regional, declaró en una rueda de prensa en Berlín, al día siguiente de su puesta en libertad tras ser arrestado el 25 de marzo.
Jordi Sánchez cuenta también con el respaldo de Amnistía Internacional, que en febrero estimó que su detención era “excesiva”.
En la capital alemana, Carles Puigdemont también afirmó que la independencia no era la única solución para Cataluña.
Si España tiene un proyecto para Cataluña, dijo el líder separatista, “nos gustaría verlo e incluso discutirlo”. “Estamos dispuestos a escuchar”, insistió.
El independentista también pidió una “mediación internacional” para intentar salir de la crisis entre el gobierno y los separatistas de Cataluña, que representan aproximadamente la mitad de su población.
Carles Puigdemont, en la cárcel desde hacía más de 10 días, fue puesto en libertad el viernes tras pagar una fianza de 75.000 euros.
La policía lo detuvo por pedido de España, que exige su extradición por rebelión” y “malversación de fondos” . Pero la justicia alemana descartó la acusación de rebelión, lo que supuso un duro revés para las autoridades españolas.
El político catalán está ahora a la espera de la decisión de fondo de la justicia alemana que todavía puede extraditarlo por malversación de fondos.
Por otra parte, la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, saludó la liberación de Puigdemont, estimando que la decisión de los jueces alemanes era “absolutamente correcta”.
En Madrid, el presidente del gobierno Mariano Rajoy aseguró que no quería inmiscuirse en este caso “absolutamente judicial”.