Ocho presas políticas fueron agredidas en la cárcel de mujeres La esperanza, en Nicaragua. La Comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH) responsabiliza al gobierno de Nicaragua. Foto: EFE
Ocho opositoras nicaragüenses detenidas por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fueron golpeadas dentro de sus celdas por custodios, denunciaron este viernes 8 de febrero del 2019 grupos humanitarios.
El ataque se produjo el jueves 7 de febrero, cuando “unos 20 custodios ingresaron a la celda donde se encuentran estas presas políticas” a sacar a algunas de ellas para trasladarlas a “un lugar desconocido”, informó el Comité Pro Liberación de Presos Políticos en un comunicado.
“Fueron agredidas salvajemente” por custodios de la cárcel de mujeres La Esperanza, señaló la agrupación, que dijo que dos presas fueron sacadas de la celda, aunque se desconoce su paradero. Una tercera detenida que iba a ser trasladada, la dirigente de las protestas Irlanda Jerez, “no puede ni levantarse de la cama por el dolor provocado por los golpes en su cuerpo”, indicó el Comité.
“El Estado puede privar de libertad a los ciudadanos, pero eso no quiere decir que pierden sus derecho a ser tratados de manera digna”, afirmó el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, en rueda de prensa.
Por su lado, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Nicaragua de “cualquier vulneración contra la integridad física y psicológica” de las opositoras presas.
Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, que funciona bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, no se han pronunciado sobre este incidente. Es la segunda vez que se denuncia que opositoras presas son golpeadas dentro de su celda.
En octubre del 2018, 16 detenidas fueron atacadas por una veintena de hombres. Al menos 325 muertos y más de 750 detenidos ha dejado la represión a las protestas que estallaron en abril del 2018 contra el gobierno de Ortega, quien atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de estado. Las manifestaciones cesaron en octubre debido a la represión y una ley aprobada en julio del 2018, que criminaliza las protestas con hasta 20 años de prisión.