Imagen referencial. Según las investigaciones, la cirujana pediátrica habría utilizado material quirúrgico para adultos en la intervención de ‘Nachito’. Foto: Pixabay
Los hechos ocurrieron entre el 27 y 29 de noviembre de 2014. En ese entonces, ‘Nachito’, un niño de 1 año y 8 meses de edad, quedó con un daño cerebral y una discapacidad del 38% luego de ser sometido a una cirugía laparoscópica por ausencia testicular.
Según las investigaciones, la cirujana pediátrica habría utilizado material quirúrgico para adultos. Además, el personal le habría dado de alta a las tres horas del procedimiento, cuando el protocolo determina que el alta debe darse, mínimo, en ocho horas.
Fiscalía dice que una vez en casa, el niño tuvo fiebre y vómito. La madrugada del 28 de noviembre, los padres lo trasladaron al hospital más cercano a su domicilio, ubicado al sur de Quito.
Allí le practicaron una radiografía que reveló la presencia de líquido en su cuerpo. Con ese diagnóstico fue remitido en ambulancia a la casa de salud, en donde le realizaron la intervención laparoscópica.
Según Fiscalía, una vez allí y en una nueva intervención quirúrgica practicada por la misma cirujana se descubrió una perforación en el intestino del niño que le causó una sepsis (infección de segundo grado) que, a su vez, le provocó el daño cerebral.
A esto se sumó otro hecho, según Fiscalía. Después de salir de la intervención médica, con un 84% de probabilidad de muerte, en cuidados pediátricos le habrían desconectado la manta térmica.
Al percatarse de que el niño estaba hipotérmico, habrían calentado dos soluciones salinas a baño María para colocarlas en las piernas de “Nachito”.
El 29 de noviembre de 2014, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) los padres del niño reclamaron por las vendas que cubrían las piernas de su hijo y recibieron la noticia de que las extremidades estaban quemadas.
Por estos hechos son investigadas una cirujana pediátrica, una doctora, una enfermera y una auxiliar de enfermería.
Ahora, la Fiscalía espera que los jueces fijen día y hora para retomar la audiencia preparatoria de juicio, “en atención al interés superior del niño y al principio pro- víctima, estipulados en la Constitución”.
Este caso ya había sido tratado anteriormente en las oficinas judiciales y una jueza declaró la nulidad del proceso. Pero el lunes 6 de mayo de 2019, una Sala Penal de Pichincha recovó esa decisión y dispuso que el caso continúe.
Además, solicitó a la jueza que tiene el expediente actúe con celeridad, ya que el caso puede prescribir en noviembre de 2019 sin sanción alguna.