Los empleados de una empresa de mudanzas llegan a la casa del expresidente peruano (2011-2016) Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en Lima el 7 de mayo de 2018, luego de que un tribunal ordenara la incautación de cinco de sus propiedades y cuentas bancarias como parte de una investigación de corrupción. AFP
La Iglesia católica y partidos rivales, entre otros sectores del Perú, rechazaron este martes 8 de mayo de 2018, los supuestos excesos de la Justicia contra el expresidente Ollanta Humala, a quien se le embargó su casa dentro de las pesquisas por supuesta corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht.
“La sorprendente incautación a la familia Humala tiene una faceta de exceso y desproporcionalidad. Es parte del debido proceso respetar los derechos humanos de las personas y en especial de la familia y los niños”, afirmó en un comunicado la Conferencia Episcopal Peruana.
“Decía Santo Tomás de Aquino que ‘Justicia sin misericordia es crueldad’. La clara lucha anticorrupción respecto a todos los implicados en estos delitos, sin distinciones ni privilegios, debe hacerse respetando siempre los derechos humanos fundamentales”, agregó la instancia máxima del catolicismo del Perú.
La Iglesia se sumó así a quienes, desde diversos sectores, incluso abiertamente contrarios a Humala y su Partido Nacionalista Peruano (PNP), creen que el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal Germán Juárez Atoche se exceden en el trato al exjefe de Estado, a su esposa, Nadine Heredia, y a tres hijos menores de edad.
Concepción Carhuancho, por pedido de Juárez Atoche, ordenó el lunes el registro de cinco inmuebles vinculados a Humala y dispuso que la familia deje de inmediato la casa en que vive desde hace años en el distrito limeño Santiago de Surco, por sospechas de que fue adquirida con dineros mal habidos.
Aunque la Justicia decidió hoy que la familia puede permanecer en la casa 30 días más, la corrección llegó después de que la familia había partido en la madrugada, probablemente para quedarse en casa de un pariente.
“A nadie le pueden poner a los hijos en la calle sin una denuncia formalizada ni menos una sentencia”, afirmó el congresista Daniel Salaverry, quien, como portavoz del partido Fuerza Popular, el más radical adversario del humalismo, tildó al embargo de “abuso”.
El también parlamentario Jorge del Castillo, cuyo Partido Aprista es duro crítico de Humala, afirmó que las medidas de Concepción Carhuancho “suenan más a ‘vendetta’ (venganza) que a proceso judicial limpio”, mientras que la legisladora socialista Marisa Glave criticó el “ensañamiento” judicial contra el expresidente y Heredia. Juárez Atoche y Concepción Carhuancho también han sido criticados con dureza por personas como el reputado jurista Luis Lamas Puccio ola influyente analista política liberal Rosa María Palacios.
Las acciones contra Humala y Heredia, que incluyen el embargo a sus cuentas bancarias, se produjeron una semana después de que el Tribunal Constitucional desautorizara al juez y al fiscal al revocar una prisión preventiva de año y medio, con la que la pareja fue excarcelada tras nueve meses.
Hoy, el expresidente de 55 años reapareció para pedir que se levante el embargo a las cuentas, mientras que Heredia, de 41, fue vista llevando algunas cosas de su casa, a la que ahora puede regresar sin restricciones, aunque solo durante un mes. Humala y Heredia son acusados, con testimonios de exejecutivos de Odebrecht, de recibir USD tres millones de esa empresa para la campaña de 2011.
Como el aporte no fue reportado, la Fiscalía cree que se le blanqueó, por lo que acusa a la pareja y a personas cercanas de lavado de activos y asociación para delinquir. Para quienes critican los presuntos abusos, más allá de si hay culpa o no, la prisión y los embargos solo proceden cuando se les prueben los cargos. Varios sectores, además, acusan al juez y al fiscal de ser débiles con otros políticos sospechosos.