La ministra de gobierno María Paula Romo fue consultada sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada en medio de la crisis sanitaria por covid-19 que vive el país. Foto: Archivo/ el comercio.
Horas después de que el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enviara a la Asamblea Nacional dos proyectos de Ley con carácter económico urgente para responder a la crisis ocasionada por el coronavirus, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue consultada sobre la posibilidad de aplicar la muerte cruzada.
“Vamos a asumir la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para darle al país una salida”. Así respondió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a una pregunta en una entrevista televisada el pasado viernes 17 de abril del 2020.
La muerte cruzada consta en el artículo 148 de la Constitución y le faculta al Presidente de la República a disolver la Asamblea por tres causales: arrogación de funciones, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. La figura podrá ser ejercida por una sola vez, en los tres primeros años del mandato de Moreno, que se cumplen el 24 de mayo próximo, es decir, en 34 días.
Además, la medida implica que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales, para el resto de los respectivos períodos. Cabe señalar que el Parlamento también tiene la capacidad de destituir al Ejecutivo, según lo establece el artículo 130 de la Carta Política.
Este lunes, 20 de marzo del 2020, el Gobierno de Ecuador anunció que se registran 1 333 fallecidos en el contexto del covid-19. De estos, 507 corresponden a casos confirmados del virus, mientras que otros 826 son manejados como casos probables. Según la ministra Romo, los cuadros confirmados de coronavirus en el país ascienden a 10 128.
¿Es viable en ese contexto aplicar la muerte cruzada y convocar a elecciones anticipadas? César Ulloa, director de la Veeduría por la Democracia, cree que las declaraciones de Romo son una evidencia “del bloqueo institucional” que vive el Ecuador. El analista recordó que para aplicar la muerte cruzada se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC).
Además, señala que la ciudadanía ha disminuido su confianza en el Presidente y en el Parlamento. “No es un momento de Asambleas, sino de buscar un acuerdo, sobre todo con los líderes de los partidos políticos”, señaló el experto.
Ulloa apunta que también se debe considerar que ya hay un calendario electoral que aprobó el CNE para los comicios presidenciales y legislativos, que en principio se deben efectuar el 7 de febrero del 2021. Es decir, en menos de diez meses.
El constitucionalista, Ismael Quintana, cree que si la Asamblea Nacional rechaza o aprueba parcialmente los dos proyectos de Ley enviados por el Presidente de la República en el contexto del covid-19, esto no sería causal para aplicar la muerte cruzada. “En general, el tratamiento de proyectos de Ley es la principal atribución de la Asamblea”, comentó Quintana.
Otra observación del jurista, es el tiempo en que permanecería en funciones del nuevo Presidente y la Asamblea, tomando en cuenta que ya existe un calendario electoral aprobado y que Moreno está a las puertas de su último año de mandato.
Según el artículo 87 del Código de la Democracia, en un término de siete días después de la publicación de la resolución de destitución de la Asamblea o del respectivo Decreto Ejecutivo, el CNE convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. El organismo podrá disponer que los comicios anticipados se realicen en un plazo menor a noventa días, contados a partir de la convocatoria.
La Asamblea tiene que pronunciarse sobre los dos proyectos de ley hasta el 16 de mayo próximo. En el caso eventual que se aplique la muerte cruzada, previo al dictamen de la Corte Constitucional, las elecciones anticipadas se deberían efectuar entre agosto y septiembre. “¿Cuánto tiempo le va a quedar de gestión al nuevo parlamento, solamente para completar el periodo que falta, estarían alrededor de cuatro a cinco meses?”, cuestionó Quintana.
Ambos expertos mencionaron el gasto económico que implica organizar las elecciones. Y recordaron que las medidas de distanciamiento social que se aplican a escala global para contener el avance del covid-19, también implicarían cambios en el sufragio. El Presidente de la Legislatura, César Litardo, dijo que aplicar la muerte cruzada costaría al menos USD 120 millones.
Al respecto, el CNE todavía no aprueba el presupuesto para las elecciones del 2021. El propio Presidente de la República pidió “eliminar los gastos innecesarios”. Según Diana Atamaint, titular del CNE, se maneja un presupuesto de USD 121 millones para organizar los comicios, considerando dos vueltas electorales.