La Unidad educativa del Milenio de Perdenales fue afectada severamente durante el terremoto del 16 de abril. La infraestructura costó USD 4,5 millones y no estaba asegurada. Foto: Archivo Julio Estrella/ EL COMERCIO
La polémica porque las unidades educativas del Milenio no fueron aseguradas se mantiene y suma nuevos hechos. Según el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en la decisión pesó “una dosis de inteligencia financiera”. Así, la mañana de este miércoles 22 de junio, en Ecuavisa, presentó análisis de lo que hubiera costado asegurar toda la infraestructura educativa ante un posible riesgo.
Concluyó que el Estado habría tenido más pérdidas que reposiciones, al pagar por un seguro a 30 años.
El debate en torno a las pólizas para cuidar bienes públicos surge tras el terremoto del 16 de abril, que afectó Manabí y Esmeraldas. También porque la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales sufrió daños severos, por los que deberá ser demolida. Esta obra le costó al Estado USD 4,5 millones.
Según el Ministro, si por ejemplo, la infraestructura educativa del país se cuantificara en USD 2 000 millones, por la póliza que cuesta el 2% anual, se debiera pagar USD 40 millones al año. En 30 años, según su cálculo, presentado con cuadros, el Estado pagaría USD 1 200 millones.
Si se produjera un terremoto a los 30 años, y hubiera destrucción total por 20% del patrimonio, se supondría que los daños serían por USD 400 millones. “Eso significa que el Estado perdería USD 800 millones. Y todas esas pólizas se hubieran pagado con ingresos permanentes, recursos de los impuestos”, señaló Espinosa.
Él concluyó que “se habría enriquecido alguna aseguradora y el pueblo habría perdido. Se requiere una dosis de inteligencia financiera. La Constitución en su artículo 286 exige que actuemos, que manejemos los recursos de modo sostenible”.
Eso señaló, cuestionado por el asambleísta de Avanza, Byron Pacheco, quien días antes, sostuvo que hubo “negligencia e irresponsabilidad” al incumplir con el artículo 5 del reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector público. “Este indica que toda la infraestructura a su cargo debe estar debidamente asegurada”.