El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa este lunes 11 de noviembre de 2019 en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Foto: EFE
El gobierno de México pedirá este lunes 11 de noviembre de 2019 una “reunión urgente” de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el “golpe de Estado” en Bolivia, informó el canciller en la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
“Vamos a demandar, a proponer una reunión urgente de la OEA ante el silencio” que guardó sobre “el golpe de Estado”, dijo el canciller Marcelo Ebrard, sumándose así al pedido el domingo de Colombia, que sin embargo no definió la situación en Bolivia en los mismos términos.
López Obrador demandó a la organización “que se fije con claridad una postura; no al silencio”.
El domingo, antes de la renuncia del presidente boliviano Evo Morales, la OEA difundió los resultados de su auditoría que hablaban de “irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre, en las que el mandatario había accedido a un cuarto mandato en primera vuelta.
Uruguay ha calificado de “golpe de Estado” la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y expresado su consternación por “el quiebre del Estado de Derecho” producido en el país suramericano.
Así lo indica la Cancillería uruguaya a través de un comunicado en el que se asegura que el quiebre institucional y la renuncia del mandatario sumieron al país “en el caos y la violencia“.
“El Uruguay considera que no existe argumento que pueda justificar estos actos, en particular habiendo anunciado pocas horas antes el presidente Morales su intención de convocar a nuevas elecciones, a partir del informe emitido por la misión electoral de la Organización de Estados Americanos” (OEA), afirma el escrito.
El gobierno uruguayo hace “un llamado urgente” a todos los actores bolivianos para que “cesen los actos de violencia” y que el proceso electoral “se encauce de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes”, para restaurar el Estado de Derecho y respetar “plenamente los derechos humanos“.
La Cancillería también subraya que se deben respetar los derechos de los habitantes y también la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas extranjeras y de sus funcionarios.