Los asambleístas que impulsan la interpelación a la excanciller, durante la primera reunión de Fiscalización. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El plazo para el proceso de interpelación a la excanciller María Fernanda Espinosa por supuesto incumplimiento de funciones genera desacuerdos en la Asamblea.
La situación se presenta después de que el martes pasado, la Comisión de Fiscalización calificara a trámite el pedido de juicio político, que es impulsado por los asambleístas Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña, de Creo, y Cristina Reyes, de PSC.
Reyes manifestó ayer que el próximo lunes, cuando arranque la presentación de las pruebas, solicitará que se defina un cronograma para evitar que este proceso se extienda hasta después del 14 de mayo, cuando la Asamblea será reestructurada.
Si eso no se concreta hasta esa fecha, el expediente pasará a una nueva Comisión de Fiscalización y el tema podría complicarse, reconoció ayer la presidenta de la mesa, María José Carrión (AP), quien agregó que “es probable” que esa tarea tome 20 días “por lo voluminoso” del caso.
Carrión, incluso, solicitó el pronunciamiento del Procurador de la Asamblea en relación con el plazo que se tiene para la sustanciación y presentación del informe que, si es aprobado, será enviado al Pleno para su debate.
Eso, tras haber convenido con los interpelantes que los 15 días que otorga la ley a Espinosa para presentar sus descargos empiecen a correr desde el momento en que ella acuse recibo de la notificación.
El acuerdo genera críticas de otros integrantes de la Comisión, como Lira Villalba (exAP), quien sostuvo que eso va en contra de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La norma, en su artículo 81, señala que “calificado el trámite, (se) notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita”.
Pero la respuesta de la excanciller al inicio del proceso no llegaba hasta ayer, a pesar de que Carrión confirmó que el documento ya se envió a través de la valija diplomática y también mediante el correo electrónico de familiares de la exministra, que permanece fuera del país.
Espinosa desde hace siete meses ejerce como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York, Estados Unidos. Su gestión terminará en septiembre próximo.
Una portavoz de la excanciller dijo, el martes pasado, que “Espinosa tomó la decisión al principio de su presidencia de no comentar ningún asunto interno de Ecuador”.
Fuentes diplomáticas explicaron a este Diario que el cargo que ejerce Espinosa “es un puesto de honor” y que no es efectivo como el que tiene el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y que Espinosa tampoco goza de inmunidad para afrontar un proceso de control político en Ecuador. El país subvenciona su estadía en Nueva York.
No obstante, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución, el proceso de juicio político debe darse hasta junio próximo, cuando se cumple un año desde que ella renunció a la Cancillería.
Los asambleístas de Creo y del PSC buscan la censura de Espinosa, entre otros temas, por la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al ‘hacker’ australiano Julián Assange, que según el Gobierno se dio de manera irregular.
Hechos relacionados con el caso de la excanciller Espinosa
31 de mayo del 2018
Con 53 firmas de respaldo, asambleístas de Creo y del PSC presentaron el pedido de juicio político para María Fernanda Espinosa, primera canciller del actual Gobierno.
11 de junio del 2018
Espinosa renunció a la Cancillería, luego de ser electa como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. En su lugar fue designado José Valencia.
25 de marzo del 2019
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) calificó el pedido de juicio político, pero eso solo podrá darse hasta que en junio se cumpla un año de dejar el cargo.
23 de abril del 2019
La Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del tema y, tras verificar el cumplimiento de los requisitos, empezó con
el trámite de la solicitud de interpelación.