Marcelo Vázquez analista cuencano. Foto: Xavier Caivinagua / EL COMERCIO
Así estamos
Son nueve años del gobierno del presidente Rafael Correa, quien vendió la imagen de que aplicaría un modelo económico neokeynesiano, que privilegia la participación del Estado en la construcción de obra pública generadora de empleo y salarios.
El alto precio del petróleo le permitió actuar en esa dirección, a lo que se sumó la alta disponibilidad de recursos provenientes del agresivo endeudamiento externo y los recursos provenientes de un manejo fuertemente fiscalista.
Pero al caer el precio del petróleo, el presupuesto del Estado se ve desfinanciado, el gasto público es excesivo, la falta de acuerdos comerciales, y la baja inversión nacional y extranjera, configuran una situación inobjetable de crisis.
Y como los males nunca llegan solos, se sumó el terremoto sufrido en abril, con todas las secuelas negativas que esta situación conlleva.
Las salidas
Frente a esta realidad, es imprescindible tomar decisiones de política económica encaminadas al desarrollo. En primer lugar se debe reducir el excesivo gasto público y la carga burocrática innecesaria y generar confianza para la inversión.
Además, la consolidación y la apertura de nuevos mercados y la firma de acuerdos de integración; pero sobre todo se debe garantizar la continuidad de un modelo económico sustentado en la dolarización, que si bien no ha sido la solución para los problemas del país, ha permitido que la economía se desarrolle en un ambiente de relativa tranquilidad.
El incremento del IVA no soluciona en nada la situación nacional, muy por el contrario, dada la falta de demanda va a deprimir aún más el consumo interno, el que debería ser incentivado en momentos de recesión económica con el fin de reactivar la economía.
De allí que se debería no solo rever esta decisión sino revertirla en una política que tienda a su reducción, de suerte que permita dinamizar la demanda agregada nacional.
La insistencia del manejo del dinero electrónico, sin el respaldo en moneda física y solo manejado por el Banco Central, y no como en otros países en donde el dinero electrónico es emitido por la banca privada y con su respaldo depositado en el Banco Central, le da la posibilidad al Estado de emitir de manera indirecta moneda de manera inorgánica, lo que llevará a procesos crecientes de inflación. En este sentido debería abrirse el sistema y permitir la libre competencia a través de todo el sistema financiero nacional.
Las salvaguardas, que fueron aplicadas como mecanismo para reducir las importaciones y frenar la fuga de dinero, tampoco cumplieron su propósito. No se ha dado un proceso de sustitución de importaciones por producción interna, muy por el contrario se incentivó el contrabando y desestabilizó el comercio nacional. Las salvaguardas se deberían eliminar inmediatamente con el objetivo de dinamizar, por su parte, la oferta agregada.
La insistencia del Gobierno de enviar a la Asamblea Nacional -para que sean tratadas como políticas económicas urgentes- las leyes de herencias y de plusvalía, en nada abonan a esa tranquilidad interna tan necesaria, muy por el contrario generarán nuevas salidas de capitales, desinversión interna y un mayor desempleo, por lo que deberían ser suspendidas definitivamente.