Entrevista a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Entrevista a María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Maldonado es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, Doctora en Jurisprudencia, Magíster en Cooperación Internacional, Magíster en Derecho Constitucional y Ph.D. en Derecho. Fue jueza de la Corte Constitucional entre el 2012 y el 2015. En el 2018 fue procuradora del IESS. Fue Directora de asesoría jurídica del MIES.
El Consejo de la Judicatura anunció que en el proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional se revisará el patrimonio acumulado por ellos. ¿Hay alguna sospecha sobre los jueces?
Esta no es una evaluación de desempeño normal. Se trata de una evaluación integral. Además, es una evaluación de desempeño que se debía hacer en el 2017. Pero ahora, adicionalmente, tenemos estos otros parámetros de legitimidad y de transparencia.
¿Pero eso está normado?
Eso está dentro del artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial. Allí se dice que también se realizarán evaluaciones por muestreo o por denuncias de irregularidades. En este caso, hemos pedido a la Contraloría General del Estado un informe del análisis comparativo entre las declaraciones juramentadas de inicio de gestión y las declaraciones periódicas que exige la ley.
El presidente de la Mesa por la Verdad y Justicia, Paúl Jácome, dice que en el caso del 30-S hay una denuncia en el sentido de que se establecieron tarifas que llegaban a los USD 70 000 en casación (última instancia que se resuelve en la Corte Nacional).
Esto es totalmente reñido con la ética y la transparencia que se habla en la Constitución. Eso necesariamente tendrá que analizarse. Nosotros ya hemos tomado el informe de la Mesa y lo estamos procesando a través de nuestra Subdirección Nacional de Control Disciplinario.
En ese informe de la Mesa también hay una parte que dice: “Según indican los denunciantes, hubo familias que pagaron hasta USD 50 000 para que no les acusen. Otras no pudieron reunir el dinero y tienen a sus parientes presos”.
También hemos pedido el análisis a través del departamento jurídico. Allí se está procesando la información, al igual que los datos entregados por el Consejo de Participación Ciudadana sobre denuncias en contra de quienes ahora van a ser evaluados.
¿Por qué se llegó a este nivel de revisión del patrimonio y su legitimidad?
A ver. Un juez debe vivir con un sueldo de juez y su patrimonio debe reflejar esa remuneración. Creo que es un pedido justo y un hecho justo el transparentar estos temas.
Ahora, la Judicatura también pidió que los jueces certifiquen no tener bienes en paraísos fiscales. ¿Quién procesará esa información?
Vamos a procesar nosotros, porque tenemos la facultad constitucional para hacerlo. El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial establece cuáles son las infracciones disciplinarias. Estas, a su vez, son sancionadas con destitución. Por lo tanto, si algunas de las denuncias (presentadas contra los magistrados) se constituye en infracción disciplinaria, la sanción dada por el Pleno del organismo será la destitución.
Entonces, ¿tras la evaluación puede ser que varios magistrados dejen la Corte Nacional?
Así es. Estamos haciendo una evaluación integral.
Si se va la mayoría de jueces, ¿cómo se hará para seleccionar rápidamente a los nuevos magistrados?
Quienes tengan que salir de la Corte Nacional de Justicia serán legalmente reemplazados por sus conjueces y paralelamente estamos preparando ya el proceso de selección de jueces nacionales.
¿Cuándo se conocerá a los nuevos jueces?
Los resultados del proceso de evaluación estarían listos para mediados de septiembre.
Ahora, el Pleno de la Corte Nacional dijo que la evaluación viola la norma constitucional y que aspectos como legitimidad y transparencia afectan el principio de legalidad.
Todo lo contrario. Nosotros estamos evaluando por mandato constitucional. La Constitución nos determina dirigir los procesos de evaluación y eso es lo que estamos haciendo. No hay delegación alguna, como dijo la presidenta de la Corte Nacional. No hemos delegado nuestra función.
Este proceso arrancó en febrero. ¿Cuándo estará lista la conformación del Comité Evaluador que permita avanzar el trabajo?
Vamos a posesionar la primera semana de julio. Este mes haremos la selección y captación de información necesaria. Por ejemplo, se analiza si todas las sentencias han sido debidamente subidas al sistema y eso se entregará al Comité Evaluador.
¿Qué le dice al país que espera la lucha frontal en contra de la corrupción?
Estamos recuperando la competencia natural de la entidad. Aquí ya no estamos administrando justicia. Ejercemos la función de entidad de control, gobierno, administración y disciplina.