El Grupo Parlamentario Amazónico respaldará la aprobación de la nueva ley; se tratará el siguiente año. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO
En la cercanía del inicio oficial de la campaña electoral (3 de enero del 2017) la denominada Ley Amazónica entró en la agenda de la Asamblea.
En el artículo 250 de la Constitución del 2008 se establecía que esta región debía tener una normativa que incluya aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales que garanticen la protección de los ecosistemas.
El presidente Rafael Correa lo hizo el viernes pasado. El proyecto fue oficialmente nombrado como Ley orgánica de la circunscripción territorial especial amazónica.
Para el catedrático de Política Raúl Jiménez, de la Universidad Central del Ecuador, existe un cálculo electoral de fondo. “La Ley promete sacar a la población de la Amazonía de la pobreza. Es una promesa en plena campaña electoral”.
Omar Ledesma, asambleísta de Alianza País (AP) y presidente del Grupo Parlamentario Amazónico aseguró que no existe un cálculo político.
Según él, la Ley llegó después de que la Secretaría de Planificación (Senplades) y el Instituto para el Ecodesarrollo Amazónico (Ecorae) aprobaran un plan integral. Contó que era un paso necesario antes de iniciar el debate.
Ledesma defendió la creación de una secretaría técnica de planificación solo para la Amazonía que reemplazará a la actual Ecorae.
Este punto fue debatido por Pepe Acacho, asambleísta por Pachakutik. Él señala que la secretaría, que estará adscrita a la Senplades, no puede atribuirse funciones que son de los municipios.
Por eso, a su criterio, la Ley debe analizarse con la calma y el tiempo necesario. Pero en mayo ya se cierra el actual período de los legisladores y cree que con las leyes pendientes no se llegará a tratar con profundidad.
De ahí que también resalta que se haya enviado convenientemente para incluirla en el discurso electoral del oficialismo. Sobre todo los conflictos mineros generados en Morona Santiago.
Carlos Viteri, asambleísta de AP y exsecretario de Ecorae, destacó la creación del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (FERA) que se financiará con el 2% del precio de venta por cada barril de petróleo. “Esto garantiza sacar de la exclusión a esta región que tuvo 150 años de olvido”.
La normativa establece que el 92% de estos fondos será utilizado por los gobiernos autónomos descentralizados directamente. El artículo 11 obliga a que el 87% de los recursos sea destinado a egresos no permanentes.
Viteri, quien también es presidente de la Comisión de Biodiversidad, destacó que en el proyecto consta la creación de otro fondo que se financiará en un 8% con recursos del FERA; en un 60% con las regalías mineras generadas en la Circunscripción; y en un 30% del superávit que obtengan las empresas generadoras de electricidad en fase de operación, generado en la Amazonía.
El CAL todavía no envía el proyecto a la Comisión de Biodiversidad. Viteri espera que el informe para primer debate esté listo en enero.
Artículos en materia social de la Ley especial
Artículo 17. En la normativa se establece que el Estado brindará el derecho a la educación, observando la legislación sectorial y la planificación nacional.
Artículo 18. El Estado propenderá al establecimiento de programas de promoción y atención integral de la salud y el uso de medicina tradicional.
Artículo 21. El Estado propenderá al establecimiento de programas de vivienda adecuada y digna, considerando las particularidades de cada zona
Artículo 22. Se garantiza la prestación de servicios públicos de agua segura, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, depuración de aguas residuales…
Artículo 24. Se priorizará el mejoramiento tecnológico de la producción agrícola, pecuaria, acuícola y forestal que permita reducir la huella ecológica.
Artículo 28. Para asegurar la conservación y manejo sustentable de los bosques se impulsará una política de mantenimientos de los nativos.
Transitoria primera. En sesenta días contados desde la publicación de la Ley, el Ecorae deberá hacer un inventario de proyectos y programas.
Transitoria tercera. Los servidores que laboren con nombramiento en el Ecorae pasarán a ser parte de la Función Ejecutiva previa evaluación.