Entrevista a Lenín Moreno, presidenciable por Alianza País. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El COMERCIO termina el segundo ciclo de entrevistas a los presidenciables que vencieron en la primera vuelta electoral: Guillermo Lasso, de la alianza Creo-SUMA, y Lenín Moreno, de Alianza País.
Ellos expusieron sus principales tesis sobre los escenarios de gobernabilidad. En la primera entrega, Lasso habló sobre cuáles serán sus prioridades. Esta vez, Moreno menciona las leyes a las que dará mayor importancia y los mecanismos para gestionar las propuestas de la oposición. Este Diario buscó una entrevista en persona con Moreno, pero no llegó a concretarse. El candidato envió sus respuestas por correo electrónico.
La polarización política ha marcado la campaña electoral, ¿cómo la enfrentaría si llega a ganar las elecciones?
Siempre buscaré la unidad, invito a todos los ecuatorianos a dejar de lado la violencia y la confrontación. Hoy, más que nunca, necesitamos un Ecuador unido y un gran acuerdo nacional para resolver las mayores preocupaciones de los ecuatorianos sobre el empleo, la educación, la salud y la lucha contra la corrupción. Mi estilo de gobernar será siempre el diálogo y la concertación, en función de los grandes intereses nacionales. Haré un gobierno de todos y para todos.
¿Qué espacios oficiales tendrán los partidos políticos opositores para manifestar sus ideas, propuestas de Gobierno?
La Asamblea Nacional es el espacio de expresión política de la ciudadanía y representa la gran diversidad de opciones y orientaciones político-ideológicas de los ecuatorianos. Cada vez que sea necesario se convocará a las Rondas de Diálogo establecidas en el Código de la Democracia como mecanismo de participación de las organizaciones políticas de oposición para llegar a acuerdos en función de los intereses nacionales y garantizando la gobernabilidad.
¿Qué espacios tendrán para escuchar a la ciudadanía y en qué medida serán tomados en cuenta?
La participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil tiene que canalizarse desde su propia iniciativa. Nuestro gobierno facilitará todas las expresiones de organización y participación de todos los sectores de la sociedad. Los escucharemos a todas y todos, como lo hemos hecho durante la campaña electoral. El diálogo será nuestro principal recurso para escuchar a las organizaciones de mujeres, a los ambientalistas, al sector empresarial, a los artistas, a las organizaciones de estudiantes, para construir una agenda común que incluya todas sus expectativas.
¿En qué temas, de los que abandera la oposición, estaría dispuesto a ceder?
Cuando dejamos de lado la violencia y la confrontación podemos alcanzar acuerdos en función de las necesidades y aspiraciones de los ecuatorianos. Los temas que constan en el Acuerdo Nacional por el Empleo y la Producción, o la lucha contra la corrupción, que en mi gobierno se convertirá en una causa nacional que requiere la participación de todos los ecuatorianos y de las organizaciones políticas. Eso sí, no negociaremos con las intenciones dirigidas a la privatización de la salud, la educación, la seguridad social y la tercerización laboral.
¿Cómo se gestionará la protesta social?
La protesta social es legítima e incluso necesaria en democracia. Lo que no aceptaremos es la violencia y la paralización de los servicios públicos, como lo establece la Constitución. Sin duda, el diálogo es el mejor mecanismo para lograr acuerdos. Queremos una protesta con propuesta para construir y no para destruir.
¿Qué medidas o decretos priorizará en los primeros 100 días de Gobierno?
No podemos perder el tiempo, los ecuatorianos necesitamos menos palabras y más trabajo; por ello, antes de llegar a los 100 días de mi gobierno impulsaremos estas cinco acciones: reduciremos el IVA al 12%, eliminaremos las salvaguardias e instalaremos el primer Consejo Consultivo Tributario para reducir impuestos a la clase media y al sector productivo. Enviaré a la Asamblea Nacional la Ley Anticorrupción, para que los corruptos de ayer y también de hoy vayan a la cárcel. Iniciaré la ejecución del Plan Toda Una Vida, con el Programa Vivienda para Todos. Firmaré el decreto que inicie el Programa Impulso Joven, para crear empleo y financiar los emprendimientos de los jóvenes ecuatorianos. Ampliaré el programa de becas para estudiantes universitarios e iniciaré la construcción de las 40 universidades técnicas.
¿Qué propuestas de los expresidenciables adoptará en su gobierno?
Hemos analizado las propuestas de todos los candidatos y, sin duda, existen elementos comunes. Así, definimos los acuerdos con Centro Democrático de Jimmy Jairala, con Compromiso Social de Iván Espinel, con el Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática. Como he dicho siempre, estamos dispuestos a conversar con las organizaciones políticas y sociales que se comprometan con la construcción de un proyecto de país que potencie nuestro desarrollo y combata la pobreza y la desigualdad y no con una apuesta que beneficie solamente a unos pocos.
En la nueva Asamblea hay una correlación de fuerzas diferente; con un oficialismo con menos peso y una oposición con menos curules, ¿qué papel asumirá el Ejecutivo para facilitar el diálogo?
Alianza País conserva la mayoría en la Asamblea tras obtener 74 escaños de un total de 137. Somos la primera fuerza política del país. Seremos una mayoría legislativa abierta al diálogo, que establece puentes y piensa en el país y no en el beneficio de unos pocos.
La participación del Ejecutivo ha sido determinante en la agenda legislativa, ¿mantendrá esa línea de acción política?
Ejerceremos la iniciativa legislativa que tiene el Ejecutivo para proponer las leyes que impulsarán la aplicación de nuestro plan de gobierno. La Asamblea tendrá todo el espacio necesario para
hacer su trabajo.
¿Qué leyes serán prioritarias desde el Ejecutivo?
Nuestra prioridad será la Ley Anticorrupción, las reformas tributarias, las leyes que beneficien a los sectores productivos para la generación de empleo; el Código del Trabajo y la nueva Ley de Seguridad Social para consolidar la garantía de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de la seguridad social; y la normativa necesaria para la simplificación de trámites.