El presidente Moreno discutió el viernes los aportes para la consulta, en Guayaquil. Foto: Joffre Flores / EL COMERCIO
La consulta popular tendrá preguntas sobre temas ambientales, reelección indefinida y autoridades de control del Estado. Esos datos son los únicos que hasta ahora ha confirmado el presidente Lenín Moreno. Este lunes 2 de octubre de 2017 está previsto que el Primer Mandatario informe el cuestionario que eligió para el proceso y lo enviará a la Corte Constitucional (CC) para que haga su análisis.
El Ejecutivo recibió 2 725 propuestas de preguntas que se organizan en cinco temas. El 62,75% de estos planteamientos busca la transformación del Estado, otros hablan del Yasuní o de los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y la lucha contra la corrupción.
El buró político del Gobierno hizo la última revisión del banco de preguntas el viernes 29 de octubre de 2017 en Guayaquil. Ahí se estableció que unas propuestas podrían tratarse como reformas legislativas, otras por medio de programas de Gobierno o decretos ejecutivos y las que se podrían incluir en la consulta popular se las entregaron al presidente Moreno.
Él hará el análisis de cada pregunta, confirmó Augusto Barrera, secretario de Educación Superior y parte del buró. El funcionario confirmó que este lunes se darán a conocer las preguntas finales. Aunque –dijo- todavía no se conoce cómo se realizará la presentación. Moreno les indicó que se tomará “hasta las últimas horas del lunes” para hacer la selección de las interrogantes.
Luego de que se entregue el cuestionario empezará a correr el tiempo para la CC.
Esta entidad tendrá 20 días, desde el sorteo y asignación del caso a un juez, para establecer la constitucionalidad de las preguntas. Y con el dictamen favorable, el Consejo Electoral (CNE) tendrá 15 días para convocar a la consulta y 60 días más para que se realicen las votaciones.
En ese lapso las organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos podrán inscribirse para realizar campaña por el sí o por el no.
Moreno deberá consolidar apoyo dentro y fuera del oficialismo. En el bloque legislativo, por ejemplo, hay dos posiciones. Legisladores como Augusto Espinosa, Marcela Aguiñaga y Carlos Viteri Gualinga han anunciado que si el cuestionario incluye preguntas que, según ellos, plantean regresión de derechos como la reelección indefinida no apoyarán el proceso. Incluso, Viteri Gualinga continúa promocionando la posibilidad de ir a una Constituyente.
Por otro lado, Daniel Mendoza, coordinador de los movimientos aliados de AP, aseguró que deberán seguir apoyando la consulta aunque esta no recoja las recomendaciones hechas por el bloque.
Ante la posibilidad de que su propio Movimiento haga campaña en contra de su consulta, el Presidente desarrollará una estrategia para generar alianzas políticas con los “sectores democráticos”. Las directrices las emitirá la Secretaría de Gestión de la Política, a cargo de Miguel Carvajal. Aunque se espera que los acercamientos y diálogos con la oposición se traduzcan en apoyo político sin necesidad de firmar una alianza o formalizarla.
Paco Moncayo, líder del Acuerdo Nacional por el Cambio y excandidato presidencial, cree que las adhesiones serán voluntarias. No ha tenido un acercamiento con el Gobierno, hará campaña a favor por cuenta propia.
En las provincias ocurre algo similar. Eduardo Jaramillo, gobernador de Loja, se ha reunido con todas las agrupaciones “progresistas” y también con líderes de oposición como Salvador Quishpe, Paúl Carrasco y Rafael Dávila. “Hemos llegado a puntos importantes de acuerdo”, dice.
Margarita Guevara, gobernadora de Chimborazo, confirmó reuniones con representantes indígenas que hicieron oposición al anterior gobierno. El viernes último se reunió con Mesías Usiña, representante de las juntas de agua. Llegaron a varios acuerdos para la recategorización de su sistema de agua como público comunitario.
Ambos coinciden en que el apoyo político de la oposición para la consulta será cuestión de “coherencia”. Y que este proceso será un termómetro para saber si el país se volvió a unir a través del diálogo.
En la ciudadanía existe una respuesta positiva frente a la convocatoria de la consulta.
Por ejemplo, la encuestadora Cedatos preguntó a 1 678 ecuatorianos, entre el 25 y 28 de septiembre, sobre este tema. El 74,7% aprueba el proceso. El porcentaje subió 0,7 respecto a la medición de la primera quincena de ese mes.
Otras encuestadoras se sumarán a las mediciones esta semana. Blasco Peñaherrera, de Market, indicó que el pasado domingo 1 de octubre y el sábado 30 de septiembre sus técnicos recogieron datos casa por casa.
Hasta el miércoles 4 de septiembre tendrán los primeros resultados. Mientras que Santiago Cuesta (CMS) expuso que una vez conocidas las preguntas harán estudios individuales por cada una.