Dos jóvenes, de 27 años y 16 años, fueron retenidos en el sector de Cullitahua del barrio San Francisco, el pasado 1 de enero de 2019. Una multitud los golpeó, los amarraron con alambres y sogas a un poste. Posteriormente los quemaron vivos. Foto: Archivo EL COMERCIO
La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Tungurahua (Unocan) está en desacuerdo con que una mujer y cuatro hombres sean llamados a juicio por el delito de asesinato y tentativa de asesinato en la parroquia rural de Constantino Fernández, en Ambato.
Están implicados de ser parte de los hechos violentos ocurridos la madrugada del 1 de enero del 2019. Ese día dos jóvenes, de 27 años y 16 años, fueron retenidos en el sector de Cullitahua del barrio San Francisco, al occidente de la capital de la provincia de Tungurahua.
Una multitud los golpeó, los amarraron con alambres y sogas a un poste. Posteriormente los quemaron vivos. La muchedumbre los acusaba de intentar robar una camioneta en la zona.
Uno de los jóvenes murió en el lugar y el otro logró escapar con la ayuda de familiares y vecinos. Los agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased), de Criminalística y de la Policía Judicial retiraron el cuerpo calcinado que se encontraba amarrado a un poste de alumbrado público.
El Juez de Garantías Penales de la ciudad andina de Ambato emitió las cinco boletas de captura contra la pareja de esposos, un hijo y otros dos personas el lunes 13 de agosto del 2019.
Además, fueron declarados inocentes dos hombres y dos mujeres. Ellos se encontraban cumpliendo medidas cautelares como presentarse de manera periódica a la Unidad de Garantías Penales y prohibición de salida del país.
“Las personas quedaron absueltas, al comprobarse que no participaron en los hechos de sangre de ese día”, aseguró la abogada defensora de uno de los acusados, Daniela Mena.
Juan Caisaguano, presidente de la Unocan, solicitó a las autoridades judiciales se archive la causa y que los nueve implicados queden libres de cualquier acusación.
El dirigente indígena indicó que la Fiscalía no actuó de acuerdo a los intereses de la comunidad. “Ellos no son angelitos, sino que son personas que han tenido antecedentes penales. Debe haber justicia igualitaria para los que están implicados y para los afectados”, aseveró Caisaguano.