El Consejo de la Judicatura presentó este 13 de enero del 2021 la Mesa de Lucha contra la Corrupción. Foto: cortesía.
El Consejo de la Judicatura presentó la denominada Mesa de Lucha contra la Corrupción. Este 13 de enero del 2021, la presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, indicó que esta iniciativa busca “establecer una cooperación interinstitucional que permita articular acciones concretas para luchar contra la corrupción”.
La idea es que las autoridades de la Corte Nacional, Defensoría Pública, Ministerio de Gobierno, Policía y Unidad de Análisis Financiero (UAFE) propongan “acciones tangibles para combatir los delitos contra la administración pública”.
Maldonado indicó que se establecerá un cronograma, en el que constará las reuniones periódicas que se efectuarán para dar un seguimiento a las acciones que ejecuten las instituciones.
Inicialmente estaba previsto que la Fiscalía General también participe en esta Mesa, pero esta entidad anunció que no participará de esta iniciativa y tampoco “suscribirá acuerdos para la creación de nuevas instancias interinstitucionales”. Dijo que “es prioritario fortalecer los espacios de articulación ya existentes”.
A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que de forma individual ha emprendido planes de lucha contra la corrupción.
Mencionó, por ejemplo, la creación de una Unidad de Transparencia y en mayo del 2020 la conformación de la Fuerza de Tarea para investigar los casos de corrupción que se dieron durante la pandemia del covid-19.
En febrero del 2019, quienes dirigían la Fiscalía, Procuraduría, Controlaría, el Consejo de la Judicatura, Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) ya firmaron un “acuerdo interinstitucional para luchar contra la corrupción”.
Dijeron que eso les permitirá intercambiar datos para las investigaciones penales, coordinar tareas para recuperar el dinero ilegal o colaborar en los procesos judiciales. Se establecieron siete objetivos.
Un año y 11 meses después, los hechos muestran que lo anunciado no tiene avances. Más bien se han producido cuestionamientos entre las entidades.
El 20 de mayo pasado, el presidente Lenín Moreno suprimió la Secretaría Anticorrupción, luego de que la Fiscalía criticara las acciones realizadas por esa entidad frente a los casos de corrupción reportados durante la pandemia del covid-19.
En junio último, la Fiscal también criticó la actuación de los jueces. Dijo que tras levantar información se comprobó que, en los delitos comunes como robos o estafas, la prisión preventiva se aplica en el 50% de los casos. Pero en ilícitos relacionados con la corrupción se usa solo en el 20%.
En cambio, los magistrados aseguraron que son los fiscales quienes no solicitan el arresto de los procesados.
En junio del año anterior, la Asociación de Jueces del Ecuador, a través de un comunicado, pidió a la Fiscalía General que “respete las decisiones y la esfera de competencia de los magistrados”.
La Procuraduría también señaló que los tiempos que maneja la Función Judicial para ordenar el embargo y remate de los bienes “suelen ser prolongados” y que no permiten agilitar la recuperación del dinero de la corrupción.
En la tarde, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió un comunicado y dijo lo siguiente:
“La Corte participó el día de hoy, 13 de enero de 2021, a través de su Presidente Subrogante, José Suing Nagua, en el evento organizado por el Consejo de Judicatura con motivo del lanzamiento de la Mesa de Lucha contra la Corrupción.
Sin embargo, se aclara que esta alta Corte no suscribió ni se adherirá al acuerdo de creación de la antes mencionada mesa, por cuanto existen espacios ya articulados a través de los cuales la institución promueve la transparencia, integridad y ética en la administración de justicia.
Específicamente, desde el año 2018, la CNJ forma parte de la Red Mundial de Integridad Judicial y de la Campaña Unidos contra la Corrupción de las Naciones Unidas”.