La Comisión de Fiscalización calificó el trámite de un tercer juicio político en contra de José Carlos Tuárez. Foto: Mario Faustos / ELCOMERCIO
En una sesión ordinaria, durante el feriado en Guayaquil, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el trámite de un tercer juicio político en contra José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); en el que también se incluye a Walter Gómez, consejero del organismo.
El proceso fue aprobado con diez votos a favor, la mañana de este viernes 26 de julio de 2019 en una reunión en la Gobernación del Guayas. La moción fue propuesta por el asambleísta Luis Pachala (CREO), quien además pidió aprobar el cronograma de este nuevo juicio.
La presidenta de la Comisión, Johanna Cedeño (AP), explicó que habrá 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, tiempo que vence el próximo 10 de agosto. “Independientemente del feriado o de cualquier fecha, los plazos continúan”, recalcó y advirtió que tampoco interferirá el periodo de vacancia legislativa, que empezará el 12 de agosto.
Entre las pruebas de cargo para el análisis constan las copias certificadas de las actas de posesión de los consejeros, el audio de la comparecencia de Tuárez ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, el pasado 3 de julio; así como certificados de la Nunciatura Apostólica.
También serán citados a comparecer Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción; y César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servidores Públicos.
Eliseo Azuero, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y parlamentario por el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), recalcó la pertinencia del juicio debido a la presentación de presunta documentación falta por parte de Tuárez, a quien calificó como “un personaje mitómano”.
El pedido de este nuevo juicio fue impulsado el 16 de julio por el asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y cuenta con las firmas de respaldo de 70 legisladores. La solicitud fue calificada el pasado miércoles por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Ayer fue notificado a la Comisión de Fiscalización.
Parte de las causales son la negación a entregar pruebas a la Comisión de Participación Ciudadana, la presunta filiación política y proselitismo político de Tuárez y Gómez, y la pertenencia a una orden religiosa, en caso del presidente del Cpccs.
Tuárez enfrenta otros dos procesos, que fueron unificados. Uno de ellos fue pedido por el asambleísta independiente Fabricio Villamar, por asegura que el presidente del Cpccs no tiene probidad para el cargo y por falencias en su hoja de vida.
El otro trámite incluye a cuatro consejeros y fue propuesto por legisladores Jeannine Cruz y Raúl Tello, por la conformación de una comisión por parte del Cpccs para revisar la designación de la Corte Constitucional.
“El cura Tuárez es el principal promotor de su propio juicio político”, dijo Daniel Mendoza. El legislador de AP sugirió además que este nuevo proceso se tramite por cuerda separada.
Se tiene previsto que Tuárez, Gómez, así como Victoria Desintonio y Rosa Chalá comparezcan ante la Comisión de Fiscalización este lunes 29 de julio de 2019.