Organizaciones no gubernamentales de ámbito internacional consideraron que el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido ayer, 28 de octubre del 2018, como nuevo presidente de Brasil, representa un riesgo para las minorías de este país.
Por ello exigieron a Bolsonaro proteger y respetar los derechos fundamentales.
En las elecciones más polémicas y polarizadas de los últimos años en Brasil, Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura brasileña (1964-1985), ganó la presidencia, con el 55,16 % de los votos, al socialista Fernando Haddad, quien obtuvo el 44,84 % de los sufragios.
Haddad sucedió al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).
Las organizaciones Amnistía Internacional (AI), Human Right Watch (HRW) y Greenpeace se pronunciaron este domingo tras conocer el resultado de la segunda vuelta electoral.
Anunciaron, además, supervisión constante a favor de la protección y el respeto de los derechos fundamentales y a la preservación del medio ambiente.
Para AI, la elección de Bolsonaro, conocido por sus manifestaciones de tinte machista, homófobo y racista, “representa un enorme riesgo para los pueblos indígenas y quilombolas, comunidades rurales tradicionales, personas LGBTI, jóvenes negros, mujeres, activistas y organizaciones de la sociedad civil, si su retórica se transforma en política pública”, según Erika Guevara-Rosas, directora de esta ONG para las Américas.
Los temores de AI fueron ratificados por HRW, que describió a Bolsonoaro como “un parlamentario que ha defendido la tortura y hablado de forma ofensiva sobre minorías”, razones por las que la ONG anunció supervisión constante a su gestión.
“Human Rights Watch seguirá de cerca la retórica y las acciones del gobierno de Bolsonaro”, aseguró José Miguel Vivanco, su director para las Américas, en declaraciones citadas en una nota divulgada tras conocerse los resultados de los comicios.
En la nota de Human Rights Watch, la institución recuerda algunas intervenciones de Jair Bolsonaro que representan un riesgo para los derechos humanos:
* Bolsonaro ha avalado prácticas abusivas contrarias al Estado de derecho. Ha manifestado que la dictadura militar brasileña (1964-1985) se equivocó al torturar a personas, cuando en realidad debería haberlas matado; se refirió reiteradamente a uno de los peores torturadores de la dictadura como “héroe” y manifestó que la policía debería tener “vía libre” para matar a presuntos delincuentes.
* Bolsonaro ha expresado declaraciones abiertamente racistas, homófobas y misóginas. Ha comparado a los negros con ganado; se ha referido a los refugiados como “la escoria del mundo”; indicó que preferiría que su hijo muera en un accidente antes que ser gay; y le dijo a una congresista que no la violaría porque era “demasiado fea”.
* Bolsonaro ha destacado que tomará medidas contra las organizaciones de la sociedad civil y penalizará a los medios de comunicación críticos. Afirmó que erradicaría “todas las formas de activismo” en Brasil; trataría a los miembros de las asociaciones de campesinos sin tierra como “terroristas”; y quitaría la publicidad oficial a los medios de comunicación que lo critiquen.
Por declaraciones como las anteriores, la organización no gubernamental hizo un llamado para que tanto el Poder Judicial como otras instituciones democráticas se resistan “a cualquier intento del gobierno de Jair Bolsonaro de debilitar los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia”.
Por su parte, el director de Campañas de Greenpeace Brasil, Nilo Dávila, recordó al gobernante electo de los brasileños que “la naturaleza no puede ser vista como un mero recurso económico”, sino como “una garantía de vida de las futuras generaciones”, por lo que pidió reducir el deforestamiento y exigió garantías para que el agronegocio “no se manche” con la destrucción de la selva.
“El nuevo presidente de la República necesita actuar a la altura de la importancia global de Brasil para la preservación del medio ambiente, eso significa evitar el aumento de la temperatura del planeta, preservar la Amazonía y combatir crímenes ambientales“, precisó Dávila, citado en el comunicado