Tras ataques en distintos poblados de la frontera norte se incrementó presencia militar en la zona. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Entrevista a Harold Burbano, coordinador del Área Jurídica de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Durante los últimos tres meses, las poblaciones de la frontera norte de Esmeraldas han sido testigos de hechos violentos y ataques terroristas. ¿Inredh qué ha podido recabar sobre la situación de estas localidades?
Este conflicto no es un conflicto de ahora, tiene alrededor de 25 años. En ese tiempo, los pobladores de frontera han tenido que sufrir tanto el abandono por parte del Estado como el control efectivo de territorio. Eso ha generado que grupos de disidentes de las FARC y bandas de crimen organizado se posesionen en esas zonas. La falta de control, la falta de presencia militar en el cordón fronterizo es algo que viene pasando durante todos los gobiernos de los últimos 25 años. Con base de Manta, sin base de Manta, con presencia militar de otros países, con presencia militar colombiana, esta zona ha sido una zona controlada por fuerzas no estatales. Es decir, la forma de controlar esta zona fronteriza no ha sido con presencia militar. La estrategia que ha usado el Ecuador para controlar la frontera ha sido negociar con estas fuerzas no estatales para generar un paso continuo que no afecte a otras zonas del territorio ecuatoriano.
¿Esto qué quiere decir?
Que lo que han hecho los gobiernos anteriores es negociar con las FARC o con los disidentes para darles una zona territorial y que no molesten. Esto es algo que ha venido pasando y que nosotros, cuando hemos ido a territorio de frontera, hemos tenido también que contactar con estas fuerzas para poder ingresar. Esos territorios deberían ser controlados por el Estado, pero no es así.
Pero, ¿por qué ahora explota el conflicto?
No es por un tema de expansión. A la gente que está allí no le interesa expandirse a territorio ecuatoriano.
¿Por qué?
Porque si se expande más al sur de Borbón, que es el cantón Eloy Alfaro, ya te encuentras con playas turísticas y con bases militares ecuatorianas, ya está el control del Estado. Y más al sur en Manabí, Santa Elena ya te encuentras con otro tipo de Fuerzas. Por ejemplo, las playas desiertas de Manabí están tomadas por el cartel del Golfo. Entonces no le conviene a la gente que está controlando Mataje y toda esta zona de San Lorenzo expandirse para allá, porque es crear una guerra que no la quieren tener.
Entonces, ¿qué es lo que quieren estos grupos ilegales?
Mantener el control en la zona que tenían. Como hay un cambio de Gobierno, también hay un cambio de poder de negociación. Lo que quiso y quiere hacer el Estado ecuatoriano es retomar estas zonas. Me parece que la idea es buena pero la estrategia de cómo retomar es la mala. Abren la presencia militar, empiezan a avanzar y todos los acuerdos que se tenían con gobiernos anteriores se rompen. Porque se pasan el límite de control y en ese momento las fuerzas disidentes y las fuerzas de Guacho, que son las que controlan estas zonas, lo que hacen es empezar a generar estos atentados para llamar la atención del Gobierno y poder negociar.
¿O sea no buscaban sembrar terror?
Lo que creemos nosotros como Inredh es que no querían expandirse o generar presencia, sino visibilizarse para volver a negociar este territorio ya negociado desde hace 25 años. Eso es lo que está pasando.
¿En todo ese panorama, qué significa el secuestro de tres periodistas?
Ellos van a cubrir la situación, llegan un control militar del Estado. El Estado les deja pasar. En ese momento, lo que tenían que hacer los militares, de acuerdo a los protocolos internacionales, es acompañarles a su misión, no advertirles de los peligros y dejarles a su suerte cómo dijeron las autoridades. Eso no es suficiente. Los soldados debían darles protección. Hay claramente una omisión del Estado ecuatoriano de protegerles y las fuerzas de Guacho se encuentran con una posibilidad de visibilizar su problema sin tener que seguir ingresando más a territorio ecuatoriano y sin tener que cruzar su zona de confort. Este secuestro lo que hace es darles la posibilidad de negociar, pero negociar con algo que ya le importa al país, que es la vida de tres personas. Pero esa negociación debía ser desde el principio algo público. Es decir, desde el inicio se debía indicar los nombres. Se perdieron siete días importantes, siete días en los que no se conoce qué tipo de negociaciones tuvo el Estado. Pero no se negoció la vida de las tres personas, sino otras cosas.
El Gobierno ha dicho que los ataques se deben a represalias por la incautación de droga y precursores. También se habla que se dan por las detenciones a integrantes de las fuerzas de Guacho. ¿Esto es así?
Es parte del conflicto. A mí me parece que la estrategia tomada por los Ministerios de Defensa y del Interior para retomar esta zona, porque me parece que ese fue el objetivo, no fue una estrategia bien pensada. No se tomó en cuenta la capacidad militar que tienen estas personas en la zona. Guacho es de los históricos de las FARC y tiene capacidad militar. Además goza de experiencia y formación militar alta. Me parece que se subestimó al enemigo. No hubo una buena Inteligencia de lo que se estaba enfrentando. Se lanzó al Ejército a una situación no conocida. Ni siquiera se sabía dónde estaban las minas antipersonales.
¿Qué minas?
Los disidentes tienen minado el territorio de frontera. El atentado que cobró la vida de tres marinos no fue una bomba, fue una mina antipersonal. Guacho puso las minas para que el Ejército no pueda entrar y esto no se conocía.
Es decir, ¿Quién controla Mataje?
Mataje es un territorio controlado por los disidentes y ha sido territorio de los disidentes y de las FARC. Lo que pasa es que Ecuador quiso recuperar Mataje y no supo cómo y ahora nos han metido en este conflicto. Lo que tiene que hacer ahora el Gobierno es ser inteligente, tiene que saber que solo ya no puede y en especial en el caso del secuestro de los tres periodistas.
¿Qué debe hacer?
Debe entrar la Federación Internacional de la Cruz Roja, debería estar en las negociaciones la Federación Nacional de Ecuador y la de Colombia, porque tienen experiencia en negociación en relación a prisioneros de guerra. La segunda cosa que tienen que hacer el Estado es reconocer que existe un conflicto armado. En ese momento, tanto los secuestrados que están en Colombia, como los detenidos que están en Ecuador, de la organización de Guacho, se convierten en prisioneros de guerra.
¿Qué significa eso?
Les da otro status. El trueque de prisioneros, que se dijo en el video, legalmente es imposible. Porque las personas que están detenidas en Ecuador están sujetas a un proceso judicial y una decisión política no puede afectar un proceso judicial. Pero en el momento que reconozca el Estado que hay un conflicto, esos detenidos se convierten en prisioneros de guerra y ahí sí puede darse legalmente el trueque.
¿Cómo debe ser ese trueque?
Debe ser público. No puede hacerse el trueque de forma reservada. Eso sería inaudito. En este momento, después de más de 10 días de secuestro y de ver la ineficiencia que tienen las autoridades para negociar, ya es hora que se tomen otras medidas. El presidente Lenín Moreno debe utilizar los contactos que tiene en Naciones Unidas y Cruz Roja para que entren como terceros imparciales en la negociación de los secuestrados. Porque lastimosamente quienes van a sufrir las repercusiones de estas malas negociaciones del Estado son los tres compañeros secuestrados.