Exteriores del Centro de Detención Provicional. Foto: Julio Estrella / El Comercio
La sobrepoblación carcelaria bordea el 32% en Ecuador, según las autoridades y ya discuten alternativas para evitar un incremento en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.
Edmundo Moncayo, director de este sistema, dijo que ha solicitado al Consejo de la Judicatura (CJ) “que se limite a lo estrictamente necesario” el uso de la prisión preventiva como medida cautelar dentro de los procesos penales.
Moncayo compareció la mañana de hoy, miércoles 22 de abril del 2020. a la Comisión de Justicia de la Asamblea, en donde informó que al sector se le asignaron USD 26 300 para esta emergencia, lo que no contempla equipos de bioseguridad.
El funcionario ratificó que las visitas ordinarias y extraordinarias a las cárceles están suspendidas desde mediados de marzo. Mencionó que hasta ahora se registra un interno fallecido y dos casos positivos más por el covid-19, en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito.
Afirmó que se ha coordinado la entrega de mascarillas, alcohol y gel desinfectante para las cárceles, además de planes de desinfección con el apoyo de los gobiernos locales.
Moncayo refirió que, al momento, la población carcelaria del país asciende a 39 403 personas privadas de libertad, de los cuales, 36 814 son hombres y 2 589 mujeres; 23 560 tienen sentencia y 15 146 procesados.
El funcionario pidió a la Comisión legislativa que se evalúen mecanismos como indultos y amnistías, pues mencionó que si la tendencia se mantiene anualmente la población carcelaria tendrá un incremento de entre 2 000 y 2 500 personas en hacinamiento.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) dijo haber requerido a las autoridades que se tomen acciones con las 413 personas con medidas de apremio.
En cuanto a adolescentes infractores, existe una población de 525 privados de libertad, de los cuales 523 están en internamiento preventivo, apuntó, según recogió la Asamblea.
La presidenta de la Comisión legislativa, Ximena Peña, se comprometió analizar propuestas para indultos y activar planes de respuesta con el apoyo de la Defensoría Pública y la del Pueblo.
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