El plan de Gobierno de Lasso contempla lo económico, institucional y social. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El plan de Gobierno del candidato por la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, dividió su plan de Gobierno en tres ejes: económico, institucional y social.
En el primer eje se toman en cuenta el trabajo, las relaciones con otros países, la necesidad de fomentar el emprendimiento y la productividad.
El segundo tiene que ver con asuntos de seguridad interna y de ejercicio de la democracia.
El tercero tiene más aristas: el conocimiento, la salud, la situación de las personas jubiladas, el acceso al agua potable y a una vivienda, la familia y el respeto al medioambiente.
En cuanto a la misión que estableció el binomio presidencial, conformado por Lasso y el hasta hace poco asambleísta Andrés Páez, se contemplan tres apartados.
El primero se relaciona con la necesidad de vivir en una democracia regida por el Estado de Derecho y el respeto a la insitucionalidad y a la libertad.
Como segundo punto, se propone impulsar una economía libre de mercado “abierta al mundo y fiscalmente responsable, para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo”. En el documento oficial de la alianza, que está disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) se dice que esta sería la mejor forma de “crear oportunidades para todos”.
El tercer punto de la misión señala que se debe empoderar a los ciudadanos para que sean ellos quienes decidan qué medios usarán para alcanzar su realización personal y familiar.
En el plan de Gobierno hay un segmento titulado como “Ecuador de la reconstrucción y de las oportunidades”. Allí consta la propuesta del binomio para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto de 7,8 grados que causó daños principalmente en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.
En ese contexto, Lasso propone motivar al sector privado y a la sociedad civil para colaborar en el proceso. Esto se haría por medio de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro ecuatorianas y extranjeras.
Según el documento, esta opción permitiría una recuperación más rápida y que las iniciativas solidarias tengan un mayor impacto en favor de los damnificados.
Además, se propone hacer un trabajo conjunto con los gobiernos locales -desde juntas parroquiales hasta prefecturas- y transferirles los fondos que les corresponden de manera oportuna.
También se considera la necesidad de apoyar a la reactivación del comercio interno y externo. En las provincias más afectadas se crearían zonas de libre comercio e inversión.
El Gobierno brindaría garantías a municipios y prefecturas para que accedan a préstamos de organismos multilaterales, pero negociando que se les otorgue plazos más amplios y reglas de financiamiento más flexibles. Estos fondos deberán usarse en obras relacionadas con servicios públicos.