La alcaldesa Viteri dijo que el Municipio de Guayaquil costeará el combustible de los vehículos policiales. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El cuerpo de la mujer fue desmembrado. Los restos quedaron abandonados en un tacho de plástico, entre dos capas de cemento. En Sergio Toral, una cooperativa del noroeste guayaquileño, hubo conmoción por lo ocurrido.
Apenas habían pasado 11 días de que el fiscal Carlos Karolys también fuera asesinado el 10 de julio. Guayaquil pidió más seguridad. “En las calles siguen matando y robando”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri.
Este Diario revisó las cifras publicadas por el Ministerio de Gobierno y allí se dice que al comparar el primer semestre del 2018 y del 2019 hay un incremento del 32,26% en homicidios intencionales. Entre enero y junio del 2019 hubo 123 muertes violentas.
El 18 de julio, un hombre fue asesinado con 16 tiros en Bastión Popular, en el norte. Los vecinos contaron que el hombre fue interceptado por dos hombres que iban en moto.
Dos semanas antes, dos personas acribillaron a un joven identificado como Jefferson.
Tras el crimen, ambos fueron capturados y al cruzar datos con los archivos judiciales se supo que tenían antecedentes por robo, asesinato y droga.
Según datos oficiales, el 78% de las muertes violentas se perpetra con arma de fuego.
Así fue atacado el fiscal Karolys. Su caso está en indagación. Los investigadores tienen en su poder el teléfono del jurista y ante la sospecha de que la orden haya llegado desde la cárcel se allanó la Penitenciaría del Litoral. Allí se decomisaron celulares de los presos y se extraen datos.
¿Qué hay detrás de las muertes? “El 78% obedece a temas de carácter criminal y el 22% a asuntos interpersonales”, dijo el general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de la Policía, que abarca Guayaquil.
Luego dijo que “del 100% de estos resultados, el 45% de las víctimas tenía antecedentes penales y su muerte se relacionaría con amenazas dentro de su entorno delictual”.
Viteri dijo ayer que el Municipio de Guayaquil costeará el combustible de los vehículos policiales. Además, la alcaldesa agregó que hay un plazo de 75 días para comprar nuevos patrulleros. La idea es incrementar la vigilancia y evitar hechos violentos, como el del abogado Raúl Llerena, que recibió cuatro disparos.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el atentado estaba vinculado presuntamente a una organización narcodelictiva que defendió Llerena meses atrás.
Francisco Espinoza, abogado de Llerena, rechazó las declaraciones y dijo que el jurista no llevaba casos relacionados con droga. “Perece que quieren asesinar su prestigio y no lo vamos a permitir”.
En este caso hubo siete detenidos. Durante los allanamientos de tres viviendas se encontró droga y armas de fuego. Tras un proceso judicial, cinco de ellos recibieron prisión preventiva. Mientras que a dos de ellos se les otorgó arresto domiciliario. Uno está señalado como el autor intelectual.
Viteri también indicó que una de las acciones dentro del plan Más Seguridad será la unión de los sistemas de videovigilancia de la ciudad. Las 1 100 cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana con las 500 del ECU-911.